Congreso: 31 legisladores suscribieron proyectos para someter el sistema electoral

Con la fujimorista Martha Moyano de presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso para esta legislatura, los nuevos aliados que tomaron la Mesa Directiva y consumaron su repartija de comisiones vuelven a poner en la mira su aspiración de modificar el artículo 99 de la Constitución para que las autoridades electorales sean pasibles de ser sometidas a antejuicio y juicio político.

En la legislatura pasada, cuando el también fujimorista Hernando Guerra García presidió la Comisión de Constitución, fueron presentados seis proyectos de ley con el objetivo de someter a los representantes del sistema electoral a estos procesos. Los autores de estas iniciativas son los congresistas Luis Aragón (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Wilson Soto (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y Rosselli Amuruz (Avanza País).

Estos dos últimos son miembros de la actual Mesa Directiva elegida por los aliados del Bloque Democrático, que conforma la derecha parlamentaria, el fujimorismo y el cerronismo.

A estas propuestas de ley se suscribieron 31 parlamentarios de Acción Popular (AP), Fuerza Popular (FP), Avanza País y APP, y los acciopopulistas que renunciaron hace poco a su grupo parlamentario (ver infografía).

Los autores de estos proyectos, durante el semestre pasado, sustentaron sus iniciativas de ley. Sin embargo, quedó pendiente que la Comisión de Constitución elabore un dictamen y someta a votación la propuesta para que pase luego al Pleno.

Observaciones del JNE

Será responsabilidad de la gestión de Moyano elaborar ese texto y tomar en cuenta o no las recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El 8 de mayo, cuando su colega Guerra García lideraba esa comisión, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, envió un informe para sustentar por qué estas iniciativas, que apuntan a someter a las autoridades electorales a un juicio político son jurídicamente inviables.

El Jurado, de acuerdo con ese documento al que accedió La República, analizó el proyecto impulsado por el hoy presidente del Congreso, Alejandro Soto, sobre esta materia y concluyó que “pretender someter a los miembros del pleno del JNE a un juicio político implicaría que dichos funcionarios puedan ser acusados, procesados y, de ser el caso, sancionados por el propio Congreso por razones estrictamente políticas, lo que implicaría un grave riesgo a la independencia del sistema electoral”.

Ese día, el JNE también alcanzó sus cuestionamientos sobre las demás iniciativas que también buscan modificar el artículo 99 de la Constitución.

Sobre la de Wilson Soto señaló que “resultaría perjudicial para la democracia, dada la importancia de que la justicia electoral se brinde con autonomía y sin presiones externas”. “En ese sentido, no puede obviarse que el JNE es un organismo constitucionalmente autónomo que proclama los resultados de los procesos electorales y resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas que integran el Congreso tienen la condición de parte”.

De la de Elvis Vergara, recalcó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido los estándares generales sobre la independencia de los jueces, entre ellos, los jueces electorales, estableciendo que en el ordenamiento jurídico su mecanismo de selección y destitución debe ser coherente con el sistema político democrático”.

Asimismo, el JNE sostuvo, en el caso del proyecto de Patricia Juárez, que la postura de esta institución electoral no significa que estén a favor de la impunidad de estas autoridades. “Puesto que en la actualidad sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional”, precisó el máximo tribunal electoral en el documento enviado a Guerra García.

También respondieron la contrarreforma de Rosselli Amuruz, recalcando que existe una contradicción en los argumentos.
La razón es que en el Congreso, los promotores de esta ley alegan que en 2003 hubo un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que exhorta a modificar la Constitución para incluir a los representantes electorales como pasibles de antejuicio.

A eso se suma que el año pasado el TC volvió a hacer esta exhortación en una sentencia, pero añadiendo que también estas autoridades puedan ser sometidas a juicio político bajo el argumento de que en 2003 sus antecesores hicieron lo mismo.

Esa es la parte que el Jurado cuestiona. “En ningún momento (en la sentencia del TC del 2003) se menciona la posibilidad de incluir a las autoridades electorales en el juicio político”, menciona en su informe remitido al Congreso.

Las implicancias

El antejuicio y juicio político son procesos que se llevan a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Con el primero, los congresistas pueden aprobar que el Ministerio Público formalice una investigación preparatoria contra altos funcionarios y con el segundo pueden inhabilitarlos hasta por 10 años e impedir su retorno al Estado.

La inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos en la legislatura pasada por supuestamente no haber investigado al expresidente Pedro Castillo dejó en evidencia que en el Pleno, cuando se trata de juicio político, lo que prima es la fuerza de los votos de la mayoría y no la razón.

Ávalos fue inhabilitada cinco años de la función pública. A la misma situación se exponen Salas Arenas y Corvetto, de aprobarse la contrarreforma que se cocina en la Comisión de Constitución.

Como se sabe, Arenas y Corvetto fueron claves para impedir que prospere la conspiración del fraude electoral en las elecciones generales del 2021, luego de que Keiko Fujimori no reconoció los resultados tras perder con Castillo.

A partir de ese fracaso, la derecha y el fujimorismo emprendieron maniobras para cobrar venganza contra las autoridades electorales. Muestra de ello fue cómo aprobaron en agosto del 2021 la creación de una comisión investigadora de esos comicios. Esta semana, el TC publicó una sentencia que declaró nulos los efectos de esa intentona porque fue procesada de manera irregular.

La modificación del artículo 99 de la Constitución permitirá que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dé trámite a las acusaciones contra Salas Arenas. La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, es una de las promotoras de esta contrarreforma y a su vez de una denuncia constitucional contra el referido presidente del JNE.

Esta ley que impulsan desde las bancadas de APP, AP, Avanza País y Fuerza Popular, según los argumentos del Jurado, será un zarpazo al sistema electoral, uno lanzado desde un Congreso de la República que utiliza el juicio político a su antojo.

Necesitan 87 votos para dar este zarpazo en el Congreso

La reforma constitucional del artículo 99 de la Constitución necesita, luego de aprobarse en la Comisión, del visto bueno del Pleno del Congreso con 87 votos a favor. Los aliados del Bloque Democrático que lograron tomar la Mesa Directiva aún no tienen ese número de votos. Por eso, necesitarán del respaldo de las demás agrupaciones de derecha e izquierda.

Para el abogado Jorge Jáuregui, la iniciativa “es una medida absolutamente contraria a un régimen democrático”. De aprobarse esta modificación a la Carta Magna, las autoridades electorales estarán sujetas al control del Congreso durante un proceso electoral o luego de él. Por eso, en el JNE consideran que esa ley afecta su autonomía y, por ende, los comicios libres.

Informe del JNE

Las observaciones enviadas por el JNE el 8 de mayo sobre el riesgo para la democracia de la contrarreforma.