Propuesta. El perulibrista Isaac Mita Alanoca presentó un proyecto de ley para otorgarle múltiples beneficios a los soldados del Ejército y la Marina que protagonizaron el conflicto armado interno, término acuñado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La iniciativa cuenta con las rúbricas de María Agüero, Margot Palacios, Alex Flores, Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo y Américo Gonza. El autor de la propuesta ingresó al Congreso en marzo de 2023 como accesitario de la investigada Betssy Chávez.
Se plantea modificar la ley N.° 24053 a fin de extender las gratificaciones del Estado hacia las Fuerzas Armadas. En aquella norma, se denominó Campaña militar de 1941 a la guerra entre Perú y Ecuador y se enumeró una serie de privilegios. Perú Libre, partido de izquierda, pretende que quienes combatieron en la guerrilla más sanguinaria de América Latina, contra Sendero Luminoso, se integren a la lista de los siguientes beneficios.
Ley N.° 24053. Foto: El Peruano
Entre los requerimientos más llamativos están la mensualidad de un sueldo básico (S/1.025), la reserva de un nicho en cementerios para casos de muerte, la atención en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y la atención preferencial para la obtención de una vivienda.
En la segunda página del PL del legisador Mita Alanoca, se precisa que "para el otorgamiento de los beneficios (...) no es necesario que cuenten con parte de guerra".
Si bien el Parlamento aprobó la ley N.° 31177 para incluir a los soldados (r) de los 80 a las bonificaciones, para Mita Alanoca "no se puede atribuir como requisitos para ser beneficiarios a los excombatientes de la lucha 'contraterrorista', porque los mencionados excombatientes no lucharon en una guerra convencional (GC), sino en una guerra no convencional (GNC), es decir, en una guerra interna". Su propuesta, en cambio, los incluye.
Principal justificación del PL del accesitario de Betssy Chávez. Foto: Congreso
La mencionada CVR fue el primer intento del Estado peruano para dilucidar los hechos ocurridos entre los años 80 y 2000. Los comisionados concluyeron que las Fuerzas Armadas y la PNP fueron responsables del 30% de las pérdidas humanas durante la guerra interna. En su gran mayoría, las víctimas fueron campesinos quechuahablantes.