La congresista de Avanza País Patricia Chirinos recolecta firmas para interpelar a los ministros Vicente Romero (Interior) y José Tello (Justicia y Derechos Humanos) por haber declarado sobre el caso del ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, a quien la Fiscalía le incautó 295 bienes valorizados en más de 1.000 millones de dólares.
Según Chirinos, las afirmaciones a la prensa de Romero y Tello configurarían “una flagrante violación al principio de separación y equilibrio de poderes”.
En la conferencia de prensa que tuvo tras conocerse la orden del Poder Judicial para incautar edificios, autos e, inclusive, avionetas de propiedad de Joaquín Ramírez, el titular de Justicia dijo que las autoridades del Ejecutivo están dando “un mensaje claro” como “operadores de justicia” y adelantó que “lo que se usó para el mal ahora va a servir para el bien”.
Evidentemente, el ministro de Justicia se refería al destino de los bienes retenidos: el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En referencia a Vicente Romero, Chirinos Venegas cuestiona la siguiente declaración:
“Después del caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú. Más de 1.000 millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes. Edificios, vehículos, aeronaves, simuladores, inmuebles, en fin. (…) Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lo lícito justamente en el tema de lavado de activos”.
En los documentos, la parlamentaria de Avanza País argumenta que el Caso Ícaro es de “competencia única y exclusiva de las instituciones del sistema de administración de justicia y de la Dirección contra Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú”.
Justamente la PNP depende del Ministerio del Interior. Pese a ello, Patricia Chirinos sostiene que a los integrantes del Ejecutivo “no les correspondía dar explicación alguna respecto de dichas diligencias”.
Patricia Chirinos empieza a promover las mociones tras el comunicado de Fuerza Popular en el que exige a la presidenta Dina Boluarte “instruir a sus ministros” para que estos eviten declarar sobre el caso del exmilitante naranja Joaquín Ramírez.