Patricia Juárez busca que condenados por delito doloso no postulen a la Presidencia
Proyecto de ley es para impedir que acceden a la presidencia y vicepresidencia personas que fueron condenadas por delito doloso, así hayan sido rehabilitadas.
Propuesta. La bancada de Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista Patricia Juárez, presentó una iniciativa legislativa para que aquellas personas que fueron condenadas por la comisión de un delito doloso no puedan postular a la Presidencia y Vicepresidenta de la República.
En efecto, por medio del proyecto de ley n°4287/2022-CR, Juárez presentó el último viernes su propuesta para modificar los artículos 31 y 110 de la actual Constitución Política del Perú, donde prohíbe a un condenado por delito doloso postular a cargos de elección popular, “aun cuando hayan sido rehabilitados”.
En el artículo 31 sobre los derechos de participación ciudadana a cargos pública, la legisladora añade que: “no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular”.
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En esa misma línea, en el 110, donde refiere que para ser elegido presidente se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años al momento de la postulación, se agrega que un mandatario debe “gozar de derecho de sufragio y no haber sido condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delitos doloso”.
De igual manera, el documento precisa que no podrán postular “aquellas personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectivo o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delitos dolosos, puedan ejercer el más alto cargo del Poder Ejecutivo”.
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El proyecto recuerda que actualmente se establece dicho impedimento en todos los tipos de delito doloso, y solo en casos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación a la libertad sexual, el impedimento “resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.
“En tal sentido, es exigible que, dada las responsabilidades y características del cargo de presidente y vicepresidentes, exista un estándar de cumplimiento de la legalidad y comportamiento ético intachable durante el desarrollo de la vida de quien pretenda acceder al más alto cargo de la nación”, sostiene el proyecto.