Freddy Díaz: se sigue dilatando informe final de denuncia constitucional contra suspendido congresista

Los últimos cambios en la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales jugaron a favor del suspendido congresista Freddy Díaz, sobre quien pesa una denuncia constitucional tras ser acusado de violación sexual por una extrabajadora de su despacho.

Tras la aprobación del informe de calificación, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que se presente el informe final del caso. Para ello, se le debe delegar a un parlamentario integrante de la Subcomisión la tarea de elaborar dicho documento.

En la sesión del 21 de octubre, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, encargó el caso a la entonces vocera de Perú Libre, Kelly Portalatino, quien seis días después juraría como ministra de Salud tras la salida del cuestionado Jorge López.

Tras asumir el Minsa, Portalatino remitió un oficio a Camones en el que solicitó que se asigne a otro legislador el expediente de Díaz Monago. Fue en la sesión del 4 de noviembre que se encomendó la labor de elaborar el informe final a la congresista de Integridad y Desarrollo Susel Paredes.

No obstante, Paredes Piqué es autora de una de las denuncias constitucionales contra Freddy Díaz. El artículo 89 del reglamento del Congreso establece que los miembros de la Subcomisión están impedidos de presentar estas.

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recién tomaron conocimiento de esto, por lo que —si bien Susel Paredes interpuso la demanda constitucional antes de integrar el referido grupo de trabajo—, para garantizar el debido proceso, se dispuso volver a delegar la denuncia. Ahora el caso está a cargo del acciopopulista Luis Aragón Carreño.

Piden inhabilitar a Freddy Díaz

Las denuncias constitucionales 284 y 286 contra Freddy Díaz fueron acumuladas a raíz de que versan sobre el mismo caso de presunta violación sexual a una extrabajadora del despacho del aún parlamentario.

La DC 284 fue planteada por Patricia Chirinos, mientras que la DC 286 lleva las firmas de los legisladores Edward Málaga, Flor Pablo, Kira Alcarraz, Adriana Tudela, Susel Paredes y Ruth Luque.

Los siete congresistas coinciden en que Díaz Monago debe ser inhabilitado para ejercer la función pública por un plazo de 10 años, máximo lapso que establece la Constitución Política.