Gobierno de Dina Boluarte es denunciado ante la Corte Penal Internacional por ataque sistemático contra civiles
La Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro-Derechos Humanos le pidieron a la Corte Penal Internacional que se abra una investigación por el asesinato de 49 personas durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La denuncia presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del gobierno de Dina Boluarte sostiene que “existen bases razonables” para asumir que el Ejército y la Policía, con el conocimiento de altas autoridades del Ejecutivo, ejecutaron “un ataque sistemático” en contra de “una población civil”, lo que constituye un delito de lesa humanidad.
Existen tres supuestos que ambas organizaciones, aseguran, se han cumplido. Primero, una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos. El documento de la FIDH y APRODEH señala que los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 evidencian la comisión de asesinatos e intentos de asesinatos principalmente en la zona sur del país.
Además, se advierte que las acciones violentas de las fuerzas del orden estuvieron precedidas por planes de operaciones justificados a su vez en Decretos de Emergencia de la Presidencia y del Consejo de Ministros.
“Por ejemplo, la orden para la operación que tuvo lugar en Juliaca – una de las más violentas de la crisis, donde mueren 18 personas en 4 días – identificó en la misma categoría de ‘fuerzas adversas’ tanto a delincuentes comunes, organizaciones criminales y terroristas, como a opositores del gobierno, y organizaciones ambientalistas y sindicales”, dice la denuncia.
Es después de la emisión de dichos planes que fueron desplegados soldados y policías. Esto es lo que revela una “línea de conducta” para la FIDH y APRODEH.
El segundo supuesto es que los ataques se dirigieron en contra de una población civil. Al respecto, se recuerda que 49 personas fueron asesinadas y por lo menos 155 sufrieron intentos de asesinato entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, eso sin contar los cientos de heridos.
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De esas 49 víctimas, 34 murieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, “en lugares de alta concentración de pueblos indígenas y comunidades económicamente vulnerables”.
El tercero es que los ataques hayan sido como parte de una política del Estado. La FIDH y APRODEH sostienen que esa política se basó en los planes de operaciones y que, aparte, se usaron recursos públicos, lo que incluyó armas, vehículos y recursos humanos de la Policía y del Ejército.
Todos estos elementos, añade la denuncia, dejan en claro el carácter organizado-sistémico de los ataques. Es decir, que no se trataron de actos fortuitos.
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“La sistematicidad se observa también en el perfil y el tipo de lesiones de las víctimas. Como ya se ha descrito, el grupo de personas asesinadas estuvo compuesto principalmente por hombres, jóvenes, provenientes de la zona sur del país, con alta concentración de grupos indígenas. Por otra parte, es notable que la mayoría de los impactos hubieran sido dirigidos hacia el tórax de los manifestantes y la cabeza, indicando una estrategia a apuntar “a matar”. Solo en una minoría de casos se constatan heridas en las extremidades”, advierten la FIDH y APRODEH.
Aislamiento internacional
Para el internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Óscar Vidarte, el pedido de la FIDH y APRODEH tendría sustento. Mencionó concretamente que cuando la CPI se refiere a crímenes de lesa humanidad, entiende a cualquier acto generalizado y sistemático en contra de la población civil. “Y ahí surge el asesinato como uno de esos actos. Lo que dicen (la FDHI y APRODEH) es que, en el transcurso de aproximadamente dos meses y un poco más, se llevaron a cabo 49 asesinatos y 155 intentos de asesinatos para reprimir las protestas, lo que podría calificar de lesa humanidad”, explicó.
Pero Vidarte advirtió que la parte más complicada tendrá que ver con la admisibilidad de la demanda. Esto porque en el artículo 17 del Estatuto de Roma de la CPI, se menciona que se declarará la inadmisibilidad cuando el caso sea objeto de una investigación o de un enjuiciamiento por parte del Estado que tenga jurisdicción.
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“Seguramente lo que ahí se dirá es que se trata de un tema que está siendo evaluado, analizado por las autoridades competentes dentro del Perú. Al mismo tiempo, sabemos que muchas veces esas investigaciones se vuelven interminables, fuera de que hemos visto muy poca voluntad del Gobierno y más bien se estaría buscando que los procesos no lleguen a buen puerto”, consideró. En ese sentido, el internacionalista consideró que podría argüirse que, en las condiciones actuales, se hace muy difícil obtener justicia para las víctimas ante hechos que sucedieron hace más de un año. “Ha transcurrido un buen tiempo y no hay casi nada, de hecho. En todo caso, eso será lo más complicado de sustentar”, indicó.
Vidarte agregó que más allá de que la CPI admita o no la denuncia, el hecho de que el Gobierno peruano se vea cuestionado a un nivel en el que se ventilan casos de grandes violadores de derechos humanos, nos termina aislando todavía más de la comunidad internacional. “Esto es algo que va a salir en todos lados. Son las consecuencias del accionar del Gobierno”, sostuvo.
Cabe señalar que hace un par de semanas el exrepresentante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, anunció que un grupo de peruanos también acudiría ante la CPI. Forsyth dijo que esa denuncia será presentada “de todas maneras”. “Será una acción complementaria y dará la señal de que hay un compromiso abierto del Perú”, manifestó.
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Racismo
La directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, manifestó que el Gobierno de Dina Boluarte acusó sin pruebas y fundamentos a las personas que salieron a protestar en su contra, al calificarlas como "terroristas". “El Gobierno acusó, sin elementos de pruebas, a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas. Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza", dijo Reyes.
Asimismo, la denuncia describe la crisis democrática peruana. Se advierte una captura institucional, la destrucción del Estado de derecho y una corrupción endémica.
