20 efectivos del Ejército imputados como autores de homicidio directo en Ayacucho
La mayoría pertenece a la IV División del Ejército (VRAEM), cuyos integrantes son parte de las operaciones antiterroristas. El 27 de junio habrá reconstrucción de los hechos en el aeropuerto y alrededores, por donde cayeron varios de las 10 víctimas mortales.
Al interrogar al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general EP (r) Manuel Gómez de la Torre, el fiscal Wilber Salazar Vílchez mencionó el testimonio del padre de Clemer Rojas García, uno de los diez fallecidos durante la protesta antigubernamental en Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022. Al progenitor le informaron que a su hijo lo mató un proyectil del fusil Galil de fabricación israelí. El fiscal Salazar preguntó a Gómez de la Torre si era cierto.
“El fusil Galil es parte del armamento de la fuerza armada, pero un calibre de munición no necesariamente corresponde a un solo tipo de armamento. Asimismo, en el país también emplean el Galil la organización terrorista marxista-leninista, principalmente maoísta, afincada en el VRAEM (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro)”, respondió Gómez de la Torre.
Como el exjefe del CCFFAA, ninguno de los más de 100 militares interrogados, aceptó haber disparado su fusil Galil a los manifestantes de Ayacucho. Pero ninguno llegó a atreverse a insinuar, como lo hizo el general Gómez de la Torre, de que los autores de los disparos pudieron haber sido terroristas del Vraem infiltrados en las protestas, porque estos “también emplean el Galil”.
La resolución de la formalización y continuación de la investigación contra 36 oficiales y subalternos por el asesinato de 10 ciudadanos en Ayacucho, que la fiscal provincial del caso, Mirela Coronel Molero, emitió el pasado 7 de junio, desecha la versión concertada de los efectivos del Ejército de no haber matado a ninguno.
PUEDES VER: Caso Manta y Vilca: PJ sentencia a 13 exmilitares por abusos sexuales cometidos en Huancavelica
En un anterior informe investigativo de La República, se reportó que la fiscal Mirela Coronel ha identificado a los 7 oficiales que actuaron como cadena de mando el día de los hechos, atribuyéndoles el presunto delito de homicidio calificado por omisión impropia, porque no hicieron nada por impedir los disparos hacia los cuerpos de las víctimas.
Un segundo contingente de los imputados son de la 2° Brigada de Infantería con cuartel en Ayacucho.
En el mismo documento, la fiscal Coronel también individualizó a 20 de los presuntos autores directos del delito de homicidio calificado con alevosía, pero de solo 7 víctimas mortales, por el momento, puesto que la indagación prosigue. Es decir, los sospechosos de haber participado en la muerte de José Aguilar Yucra, Jhon Mendoza Huaranca, Raúl García Gallo, Luis Urbano Sacsara, Edgar Prado Arango, Cristopher Ramos Aime y Leonardo Hancco Chacca.
Los 20 uniformados eran parte de las compañías, equipos o patrullas que estuvieron en los ámbitos en los que fueron abatidos con fusiles Galil los 10 ciudadanos.
La punta de la madeja para identificar tanto a los autores intelectuales como materiales de los homicidios fueron los peritajes que establecieron que los fallecidos presentaban heridas perforantes que concuerdan con los proyectiles que disparan los fusiles de asalto Galil, que era el armamento que portaban los efectivos del Ejército el día de la matanza.
Los efectivos salieron básicamente de la 2° Brigada de Infantería, con sede en Ayacucho, y de la IV División del Ejército (VRAEM), con cuartel en Pichari (La Convención, Cusco). Según declaraciones del entonces jefe de Estado Mayor Operativo de la 2°Brigada de Infantería de Ayacucho, coronel Luis Vivanco Palomino, por disposiciones superiores se encargó de la organización de las patrullas, sin contar con la “Orden de Operaciones Militares Wari 2022”, que la recibió luego del 15 de diciembre. Esto es un indicativo de que los mandos del Ejército, al acatar el mandato de sofocar la protesta en Ayacucho, actuó reactivamente, con el costo de 10 fallecidos y más de 50 heridos.
Para el caso de presunto homicidio con alevosía han sido sindicados:
-Teniente Coronel EP Arturo Tejada Sialer.
-Teniente Coronel EP Jimmy Vengoa Bellota.
-Capitán EP Iván Galarza Hinostroza.
-Teniente EP Osnar Oré Rafael.
-Técnico 1 EP Enrique Munares Hurtado.
-Técnico 3 EP Enrique Medina Reyna.
-Suboficial 1 EP Shelia Antezana Aparco.
-Técnico 3 EP Hernán Quispe Cáceres.
-Suboficial 1 EP Christian Ames Jiménez.
-Técnico 1 EP Anselmo Lezama Gabriel.
-Técnico 1 EP Héctor Niño Farías.
Todos fueron parte del Equipo N°2 de la Reserva de la IV División del Ejército (VRAEM), de donde salen los efectivos que participan en las operaciones antiterroristas contra la organización criminal de Víctor Quispe Palomino, camarada “José”. Estos efectivos apoyaron a las patrullas de la 2° Brigada de Infantería emplazadas en en el aeropuerto.
La fiscal Coronel fijó para el 27 de junio la reconstrucción de los hechos
Los otros 9 militares imputados son:
-Capitán EP Víctor Grados Rivas, jefe de la patrulla responsable de la cabecera del aeropuerto.
-Técnico EP José Córdova García, jefe de patrulla Policía Militar.
-Técnico EP Javier Aparicio Mario, responsable de la patrulla ubicada en la avenida Canaán
-Teniente EP Giácomo Ayaqui Arcana, efe de la patrulla de la Compañía Lince N°2 (2° Brigada de Infantería)
-Teniente EP Jhonatan Ochoa Ramos, jefe de la patrulla de la Compañía Lince N°2 (2° Brigada de Infantería).
-Capitán EP Edwin Jamjachi Cerrón, jefe de la patrulla de la Compañía de Comando IV (IV División del Ejército).
-Subteniente EP Alexis Puma Magallanes, jefe de la patrulla de la Compañía de Comando IV (IV División del Ejército).
-Teniente EP Juan García Bruno, jefe de la patrulla del Batallón Contra Terrorista N°51 (IV División del Ejército).
-Suboficial EP Miguel Sapallanay Coronel, integrante de la patrulla del Batallón Contra Terrorista N°51 (IV División del Ejército).
Como se puede apreciar, gran parte de los imputados pertenecen a la IV División del Ejército, que se encontraba bajo la Comandancia General del general de división EP Miguel González Bohórquez, quien también actuaba como jefe del Comando Operacional del Este (COE), bajo cuya responsabilidad estaba la región Ayacucho. El jefe de la 2° Brigada de Infantería de Ayacucho, era entonces el general de brigada EP Jesús Vera Ipenza.
La fiscal imputa a los generales Gonzáles y Vera el presunto delito de homicidio calificado con alevosía por omisión impropia. Esto es, como se ha indicado, no haber ejecutado la orden de no disparar a matar.
El teniente coronel EP Jimmy Vengoa Bellota, uno de los imputados como presunto autor directo de homicidio calificado con alevosía, ofreció un testimonio ante la fiscalía sobre las condiciones en las que cumplieron la misión de reprimir a los manifestantes. Alega que no les dieron órdenes claras, precisas, en detalle.
}“A nosotros nunca nos detallaron el plan.Nosotros nunca tuvimos conocimiento. La misión fue general. No tuvimos zona de responsabilidad. La misión era que los manifestantes no ingresen al aeropuerto, que era el área de operaciones. Netamente, torre de control, la infraestructura del aeropuerto. Adicionalmente, por doctrina, también tenemos nuestra área de interés y área de influencia. El área de interés sería toda la pista de aterrizaje y el área de influencia sería los alrededores del aeropuerto”, dijo el comandante Vengoa.
Precisamente, conforme con lo que ha avanzado la fiscal Mirela Coronel, varios de las víctimas de los balazos cayeron en las zonas descritas por el comandante Jimmy Vengoa. Pero además, confirmó que todos contaban con un fusil de asalto Galil. No se les proporcionó los implementos para enfrentar manifestaciones o protestas sociales, pero sí el arma de fuego de reglamento.
“Nosotros no hemos sido dotados de equipamiento de manera general. Dentro del equipamiento que deberíamos haber recibido para este tipo d e protestas de conflicto social, se debe tener radio, escudos, varas, rodilleras. Lo único que recibimos fue un armamento (fusil de asalto) Galil. No recibimos ni chaleco ni cascos”, señaló el comandante Vengoa.
La fiscal Coronel ha resuelto declarar compleja la investigación, ampliarla por 8 meses y ha fijado para el 27 de junio la reconstrucción de los hechos en el aeropuerto de Ayacucho y en los alrededores.
Será la oportunidad para que los militares que dicen no recordar nada, recuperen la memoria.
