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Política

Se incrementan en 4.000% tasas de copia certificada

Aumento ilegal del Ministerio Público. A pesar de que todas las carpetas fiscales ya se encuentran digitalizadas, cualquier persona que es investigada, sea responsable penal o víctima en un proceso, deberá asumir el pago de las tasas. 

Copia certificada
Alerta de ilegalidad constitucional. IPYS ha levantado su voz de protesta contra lo que consideran una supuesta violación al derecho a la defensa y acceso a la información pública. Foto: difusión

El Ministerio Público decidió aumentar los precios de todos los costos de documentos y copias certificadas contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de dicho órgano, lo que según los especialistas consultados significa un incremento arbitrario y sin criterio técnico.

Además, a través de la resolución nº 2745-2023-MP-FN, la entidad ha dispuesto que se realizará el cobro de S/0,50 por página escaneada de información solicitada.

Cabe recalcar que claramente en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806, vigente desde el 2003, se indica que en tales casos “no se generará costo alguno al solicitante”.

La República conversó con especialistas sobre las implicancias que tendrían estos nuevos costos en las litigaciones, y también cómo esto afectaría al ciudadano de a pie.

Por un lado, el abogado penalista Elí Vidal sostiene que es una norma injustificada.

“Sobre todo en los casos donde no le estás pidiendo a la Fiscalía que escanee los documentos para ti. Ellos ya manejan la carpeta escaneada y solo te copian los archivos. ¿Cuál es la diferencia de copiar un archivo de 10 páginas y copiarte una de 1.000 páginas? ¿Cómo se justificaría la diferencia de cobrar 5 soles por la primera y 500 por la segunda? No tiene ningún sentido”, cuestiona Vidal, miembro del estudio Azabache Caracciolo Abogados.

De la misma manera, la abogada penalista Jackeline López argumenta que estos cambios violarían el derecho a la gratuidad de la administración de justicia debido a que, actualmente, todas las carpetas fiscales están totalmente digitalizadas.

“Ahora los implicados, para conocer los propios hechos y fundamentos por los cuales se les investiga e inclusive pueden privárseles de libertad, obligatoriamente deberán pagar tasas por concepto de copias digitales y/o simples, a pesar de que la Fiscalía cuenta con la totalidad de información obrante en la carpeta fiscal de manera digitalizada. Es decir, al cobrar por copias digitalizadas conllevaría a una evidente barrera burocrática para el ejercicio legítimo del derecho de defensa que le asiste a los investigados”.

Gestión. Patricia Benavides, del MP. Decisiones inexplicables. Foto: difusión

La abogada agrega que la modificatoria sería inconstitucional debido a que “se puede afirmar que en el Perú la justicia penal no es gratuita y, por el contrario, se viola flagrantemente lo dictaminado en el artículo 2, numeral 16, de nuestra Constitución Política del Perú”.

IPYS y Centro Liber

Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centro Liber emitieron un pronunciamiento exhortando al Ministerio Público a corregir esta decisión debido a que atentaría contra el derecho a la información de los ciudadanos. 

“Desde el IPYS y Centro Liber, exhortamos al Ministerio Público a adecuar su TUPA, en relación con este tipo de solicitudes de información, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y su reglamento, y el respeto irrestricto del derecho de acceso a la información pública como al derecho de defensa”, se lee en el pronunciamiento.

El aumento es de S/0,10 céntimos a S/4

El costo de copias certificadas se incrementa de S/0,10 (diez céntimos por página) a S/4.00 (cuatro soles por página).

Estos aumentos arbitrarios para copias que ya están digitalizadas se agrava si se considera que, ante casos con delitos complejos, en los cuales hay normalmente más de 100 tomos, el poder tener acceso a esa información hoy costaría unos S/10.000.

¿Barrera burocrática?

Se limitaría derecho al acceso a la información penal e iría contra digitalización del sistema judicial.

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