La controversia sobre toma de testimonios de exfuncionarios de la empresa brasileña Odebrecht en el juicio al expresidente Ollanta Humala en el caso Lava Jato será definida por un juzgado peruano en los próximos días. Con ese fin, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, a cargo de Nayko Coronado Salazar, realizará audiencias presenciales hoy y mañana.
Antes de tomar una decisión, la magistrada convocó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, así como a representantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, los fiscales del equipo especial Lava Jato y los agentes de Cooperación Internacional.
La controversia fue iniciada por la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de prohibir que jueces peruanos tomen declaraciones de Barata y Odebrecht, entre otros directivos de dicha empresa.
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Esta prohibición fue argumentada por el fiscal Dias Toffoli a partir de un error de tipo procesal suscitado en la justicia brasileña alrededor del manejo de las bases de datos Drousys y My WebDay B en dicho país. No obstante, esa resolución no considera las fechas en que cada país obtiene dichas pruebas.
Las declaraciones tomadas por jueces peruanos fueron anteriores a la recepción de las bases de datos con información sobre el manejo confidencial de los supuestos sobornos de la empresa brasileña a líderes políticos peruanos. Las primeras declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht fueron recibidas entre el 2017 y 2018.
Fue recién en 2020 que la información de las bases de datos encriptadas llegan al Perú. A diferencia de lo que argumentan las partes procesales brasileñas y la defensa del expresidente Humala, no llegaron desde la cooperación entre Odebrecht y el Poder Judicial peruano.
Según informes periodísticos y documentación publicada por Convoca y La República, esta recepción se hizo a través de negociaciones directas entre el equipo fiscal peruano encargado del caso Lava Jato y la Fiscalía federal suiza a cargo del fiscal Stefan Lenz.
Es decir, en materia procesal penal, los argumentos que exponen las partes brasileñas y la defensa de Humala no corresponderían al juicio al expresidente por secuencia histórica ni pertinencia procesal.
Por la insistencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil de no permitir la toma de declaraciones de los exdirectivos de la constructora, se configuraría un incumplimiento del acuerdo de colaboración judicial entre Perú y Odebrecht. Eso implicaría su revocatoria, lo que podría favorecer al expresidente Ollanta Humala en tanto precedente que podría sustentar nulidad en instancias superiores.