Política

Vladimiro Montesinos: INPE revela cómo se administran sus atenciones médicas en la Base Naval

A diferencia de Alberto Fujimori, el ex jefe de facto del SIN no registra salidas por emergencia en lo que va del 2023; aunque sí lleva un estricto control de su salud a cargo del personal del INPE, de acuerdo a información a la que accedió La República.

En junio del 2023, Vladimiro Montesinos fue sentenciado a 23 años de prisión por el crimen de Mariela Barreto. Foto: composición de Jazmín Ceras/ La República
En junio del 2023, Vladimiro Montesinos fue sentenciado a 23 años de prisión por el crimen de Mariela Barreto. Foto: composición de Jazmín Ceras/ La República

El ex asesor presidencial y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, condenado a 25 años de prisión por la masacre de La Cantuta y Barrios Altos, tiene en la actualidad 78 años de edad. A diferencia de Alberto Fujimori, con 85 años, este no registra la cantidad de salidas por emergencias médicas en lo que va del 2023. La República accedió a información —referente a los meses entre enero y julio de este año— sobre cómo se administran sus atenciones médicas dentro de la Base Naval del Callao, centro de reclusión que abandonaría durante el 2026, cuando cumpla la totalidad de la pena máxima que se le impuso.

De acuerdo a la información oficial remitida desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a este medio, entre enero y julio del 2023, Vladimiro Montesinos “no ha tenido salidas por emergencias médicas”. Todas sus atenciones y chequeos de rutina se realizaron dentro de las instalaciones del centro de reclusión donde cumple su condena.

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A sus 78 años, Vladimiro Montesinos recibe asistencia dentro de las inmediaciones de la Base Naval, a cargo de personal seleccionado por la jefatura del INPE. En el 2012, ex exjefe de facto del SIN fue intervenido quirúrgicamente —cuando tenía 67 años— para que se le aplicara una “tunelización con láser a la próstata", según informaron fuentes oficiales en aquel momento. Aquella vez, la intervención se realizó en el hospital de la Fuerza Aérea Peruana (FAP).

En lo que va del 2023, Montesinos Torres tiene una atención de rutina en la que diariamente es asistido por personal de la enfermería de la Base Naval, quienes le suministran los medicamentos que le han sido prescritos por el personal profesional médico para las afecciones que padece.

Adicionalmente, el 27 de marzo de 2023, el Instituto Nacional Penitenciario programó la vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19, vacuna bivalente e influenza, para el ex asesor presidencial a cargo del personal del Centro de Salud Acapulco-MINSA. Además, desde el INPE informaron que “no ha recibido visitas de funcionarios públicos con cargo o funciones de representación política.”

La última información que se tuvo de Vladimiro Montesinos fue que, en junio del 2022, retornó a la Base Naval del Callao por orden del Poder Judicial. Previamente, el ex asesor presidencial había sido trasladado al penal de Ancón II en agosto del 2021 debido al Decreto Supremo N.º 015-2021-JUS, aprobado por el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, en el que se disponía el traslado de los reclusos del Cerec a otras instancias, puesto que el convenio existente entre los ministerios de Justicia y Defensa, que permitía el alojamiento de los prisioneros en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, ya había vencido.

En el 2026, Montesinos cumple su condena de 25 años

En junio del 2023, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional sentenció a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos Torres por homicidio calificado con la agravante de alevosía, en calidad de autor mediato, de Mariella Barreto Riofano, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que fue secuestrada y asesinada en 1997.

En tanto, el ex asesor presidencial fue condenado a 25 años de prisión —el 25 de junio del 2001— por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Frente a ello, los jueces optaron por aplicar la norma que establece que una pena de prisión efectiva se puede refundir o fundir con otra mayor. Por ello, la nueva pena de 23 años se funde con la anterior de 25 años, quedando en la necesidad de cumplir con la condena impuesta en el 2001, la cual vence en junio del 2026.

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