Amnistía: Acciones de FF. AA. y PNP fueron una estrategia del Gobierno de Boluarte para sembrar miedo

La revelación del Informe de Amnistía Internacional respecto a los abusos perpetrados durante los primeros meses de Gobierno de Dina Boluarte ha llegado a conclusiones mucho más preocupantes de las advertidas inicialmente. En su investigación titulada “Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, la organización veladora de derechos humanos aseveró que el Ejecutivo en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú habían acatado acciones con intención durante las marchas que se vivieron desde diciembre del 2022 tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, y que dejaron a un total de 49 muertos en las protestas.

Entre las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo que Amnistía Internacional ha advertido en su informe se revela que "si bien, cada Macro Región Policial definió su propio plan operativo comandado por el jefe regional, las similitudes encontradas sobre el uso de la fuerza letal (...) darían cuenta de una estrategia nacional que trasciende las regiones, donde la muerte de personas se consideró como una estrategia con la que sembrar el miedo y lograr paralizar las movilizaciones".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Con este resultado, se resuelve que existiría un amedrentamiento por parte del Ejecutivo que habría servido para mitigar o intentar reducir las movilizaciones realizadas en diferentes regiones del país como Apurímac, Ayacucho y Puno poniendo como ejemplo a los muertos y posteriormente señalándolos en diversas ruedas de prensa como sujetos agresivos o terroristas.

PUEDES VER: Agnès Callamard: "La represión masiva y la violencia es responsabilidad del Gobierno"

Abusos de las fuerzas del orden responden a una "política estatal coordinada y consciente"

Asimismo, en el documento se precisa que los ataques de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en contra de la población, que consistieron principalmente en "ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través de un uso generalizado de munición letal para reprimir las protestas". Según el informe de Amnistía, los mandos "tenían posibilidad de tomar medidas para detener las muertes y no hicieron lo necesario".

En ese sentido, el organismo internacional resolvió que estas acciones, "lejos de tratarse de hechos aislados, o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente".