Recurso. El abogado de los muertos en Ayacucho Carlos Rivera contó a este medio de comunicación que mañana, lunes 8 de mayo, presentará el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Ministerio Público para que se considere en la investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por homicidio calificado.
A juicio de la Comisión, el deceso de 10 civiles en diciembre último podría calificarse como una "masacre". Después de visitar el Perú dos veces, los diplomáticos advirtieron que pudo haber existido "ejecuciones extrajudiciales". En total, entrevistaron a 55 peruanos que indicaron ser víctimas de violaciones a la integridad humana, entre ellos, 21 eran de Ayacucho.
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Para el penalista Andy Carrión, aunque las recomendaciones ciertamente no sean de cumplimiento obligatorio, "constituyen un indicio importante" porque la comisión investigadora tiene hallazgos considerables. Las pruebas de la CIDH se agregan a la lista de investigaciones sobre las muertes en contexto de protesta social: Human Rights Watch, New York Times, La República, IDL y Hildbrandt en sus Trece.
Carlos Rivera precisó que el informe se elaboró según los estándares del derecho internacional humanitario, mas no se adecuó a los "términos penales del derecho peruano". Aun así, el documento responde a la actual investigación contra la dupla presidencial por supuesto homicidio calificado.
Carrión es enfático en señalar que el requerimiento debe ser admitido. Además, mencionó la importancia del aporte de los deudos a la investigación como una necesidad en la carpeta fiscal.
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El abogado de los deudos cree que el informe "tiene la máxima importancia y la máxima gravedad". En los fueros nacionales, el estudio debería "traducirse" en la identificación "de quienes hicieron las órdenes, de quienes permitieron que esto ocurra, de quienes teniendo las atribuciones legales no hicieron absolutamente nada para evitar el desenlace fatal que se tuvo".
Rivera es contundente. "Me queda absolutamente claro que la Fiscalía no está haciendo nada, así es simple. No está haciendo nada y, si bien es cierto que está abierta una investigación, en realidad a la Fiscalía no le está preocupando avanzar con la investigación. Los únicos que hemos tenido una suerte de actitud más proactiva, de impulso, hemos sido nosotros, pero la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión. Es cierto que a inicios de enero dijo que debían presentarse varias personas que son las que califican como testigos, pero la Fiscalía no se ha preocupado en llamarlas a declarar; y no es que los testigos se presentan porque se les cruza por la cabeza, sino porque alguien los llama", dijo.