Stuardo Ralón sobre informe de la CIDH: "Las recomendaciones son complejas y son de un impacto profundo"

Stuardo Ralón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Perú, conversó con La República sobre el informe final que presentó la entidad el último 3 de mayo respecto a la situación social y política que se vivió en el país en el marco de las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso, en el cual se concluyó que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. En entrevista con este medio, Ralón destacó que la comisión "hizo el esfuerzo de poder plasmar con el máximo rigor técnico la información recibida de todas las partes".

— Tras la presentación del informe de la CIDH, en la que se expone la vulneración de los DD. HH., la presidenta Dina Boluarte rechazó que en el Perú se hayan cometido "ejecuciones extrajudiciales" y "masacres". ¿Qué opinión le merece ello?

— Yo no voy a entrar en polémica con la presidenta Boluarte. En el capítulo seis del informe se refiere a las presuntas violaciones de derechos humanos y en el caso de Ayacucho se establece que podrían haber existido ejecuciones extrajudiciales, en caso de que los agentes del Estado hayan encauzado las muertes de las personas con armas letales. Además, en caso de ser de más de tres personas (fallecidas) podría ser una masacre. La comisión lo menciona con estos términos, dado que no tiene a su cargo las investigaciones. Eso le corresponde a las autoridades del Perú, a la Fiscalía. Entonces, lo que llama la comisión es a investigar con un enfoque de derechos humanos estos hechos. Corresponde a las autoridades poner el tiempo, modo, lugar y análisis para establecer si efectivamente ocurrieron y quiénes son los responsables. 

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— Respecto al informe que presentó la CIDH, algunos congresistas han calificado a este como “sesgado”. ¿Qué puede responder ante ello?

— Lo que podría decir es cómo metodológicamente está construído el informe. Este informe tiene más de 60 entrevistas, desplazamientos a Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima y Juliaca. Es un informe que tiene un marco temporal definido (7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023) y este borrador se trasladó al Estado para comentarios. El Estado dio 178 observaciones y todas estas fueron incorporadas, por lo que se hizo el esfuerzo de poder plasmar con el máximo rigor técnico la información recibida de todas las partes. Siempre hay percepciones distintas del informe. Lo que le puedo comentar es que hay una metodología sólida y hay comentarios del Estado también incluidos en el informe. 

— En el informe proponen aumentar el número de fiscalías de DD. HH. a nivel nacional; sin embargo, la fiscal Patricia Benavides procedió a dividir casi a la mitad a las 12 fiscalías especializadas en delitos de DD. HH. ¿Considera que la autoridad está haciendo caso omiso?

— Yo estuve en Juliaca. Por ejemplo, ahí hay hechos que investigar y una de las preguntas que realicé es si había una cobertura a nivel nacional de las Fiscalías de los derechos humanos y parte de lo que me comentaban es que estaba muy concentrado en Lima y no había una cobertura. Entonces, sin duda alguna las decisiones que se tienen que tomar tienen que ir en la línea de mayor capacitación en materia de derechos humanos a fiscales y que esa cobertura a nivel nacional ocurra. Eso es un proceso que requiere que haya una hoja de ruta a la cual se le pueda dar seguimiento. Por ejemplo, ¿se van a hacer cursos de capacitación? ¿Quiénes los van a impartir? ¿Cuándo se va hacer? ¿A cuántas personas? ¿Estas personas luego de estar entrenadas y capacitadas van a ser asignadas a determinadas regiones? O sea, cada recomendación requiere un nivel de trabajo y un cronograma de seguimiento muy importante y sin duda alguna esta recomendación es una de las que el Estado tendrá que cumplir. No la vemos en este instante como una de las que se haya avanzado porque el informe es de reciente cumplimiento, sino es que a partir de ahora tiene que establecerse un tipo de seguimiento a esa recomendación. 

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— ¿En qué posición queda el Gobierno de Dina Boluarte ante las conclusiones que se han presentado en el informe final de la CIDH?

— Las conclusiones están divididas en siete apartados y la posición es un desafío muy importante, un desafío del Estado de cumplir las recomendaciones y también un desafío para la comisión de poder dar un seguimiento efectivo a las víctimas. Digamos, hoy no existe un mecanismo de diálogo efectivo que ayude a superar la crisis. Esa es una recomendación. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo lograr que todos se sientan escuchados y haya un mecanismo de diálogo efectivo? Es decir, las recomendaciones son complejas y son de un impacto profundo y lo que la comisión haría sería tener de interlocutor a la Cancillería, el Estado y a las autoridades para que sean ellos los que conformen a la institucionalidad democrática del Perú y así puedan dar el cumplimiento. ¿En qué posición estamos? Estamos en una posición de gran responsabilidad y la posición del Estado es un desafío muy importante para cumplir todas las recomendaciones divididas en esos siete bloques.

— ¿Qué opina al respecto de que varios actores políticos han mencionado que Perú debe salir de la CIDH? 

— No voy a especular respecto a eso, sino me voy a referir al informe. El informe reconoce a Perú como una democracia, reconoce que hubo un rompimiento constitucional, reconoce que hubo una sucesión constitucional hacia la presidencia y Perú, firmante de la Convención Interamericana, pues tiene en sus manos un informe de recomendaciones que el Estado debe cumplir en el marco de las obligaciones internacionales que hoy tiene. La comisión como órgano subsidiario y complementario lo que puede dar es un acompañamiento, ofrecer la asistencia técnica, pero es el Estado el que debe de cumplir las recomendaciones y eso es en el marco de ser parte de la Convención Americana que fue una decisión de la que hoy está vigente.

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— En general, ¿cómo reciben esta reacción predeterminada de cierto sector político de inmediatamente rechazar todo pronunciamiento de la CIDH y la Corte IDH?

— La comisión siempre se trata de abstraer de todo el tema político, por así decirlo. A la comisión le corresponde un análisis técnico de las situaciones y unas reacciones técnicas de las situaciones. En este momento, nuestro interlocutor es el Estado para poder establecer un mecanismo de seguimiento y toda la labor que la Comisión realiza la hace con un enfoque de la centralidad de las víctimas. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que haya una reparación integral, que se les dé seguimiento y que sea efectivo y que se cumpla la reparación integral, que se mejore la capacitación de derechos humanos, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad. Entonces, tratar de que se establezca ese mecanismo. Es decir, que nosotros, ante todos estos comentarios políticos, no los tomamos en cuenta, no importa si son a favor o si son en contra. Nos enfocamos en la labor técnica que ahora nos toca seguir las recomendaciones.

— Finalmente, ¿cómo ve la disposición del Gobierno ante estas recomendaciones?

— Mire, como relator para Perú, digamos que le podría decir tres aspectos que veo importantes. Primero, Perú ha tenido la anuencia de que podamos visitarlo en momentos críticos. Digamos, yo pude visitarlo en un momento crítico donde todavía era presidente el señor Castillo y pude llegar como relator de Perú también cuando estaba como presidenta la señora Boluarte. Es decir, ha existido una apertura a la comisión y en el ínterin también invitó a que un equipo preparatorio de la secretaría técnica estuviera. Es decir, en un marco de seis a siete meses, la comisión visitó en tres ocasiones Perú. Ayer, de lo que he monitoreado en medios, indica que habría una apertura o un mecanismo de seguimiento de recomendaciones y ese mecanismo de seguimiento hay que construir. Es un buen paso que haya sido mencionado, pues veremos si se puede concretar porque para que la comisión pueda hacer su trabajo tiene que establecer un mecanismo de seguimiento y eso tiene que ser de mutuo acuerdo con el Estado.