Gobierno "advirtió" a la CIDH, sin pruebas, que en protestas hubo grupos "al margen de la ley"

Informe final. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) delegó a una comitiva de diplomáticos visitar el Perú para estudiar la situación en el país. Para entonces, Dina Boluarte había asumido el mando del Ejecutivo tras el fallido golpe de Pedro Castillo. Los muertos aumentaron a medida que las protestas continuaban. Al respecto, este medio de comunicación accedió al documento que expondrá la CIDH mañana, 3 de mayo, en el que advierte graves violaciones a las inherentes normas universales.

El grupo llegó al país en dos fechas: del 20 al 22 de diciembre del 2022 y del 11 al 13 de enero de 2023. Se entrevistaron con 55 personas que indicaron ser víctimas de violaciones de derechos humanos: 13 en Apurímac, 21 en Ayacucho, 20 en Lima, 1 en Puno y 1 en Ica.

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El Estado peruano "advirtió" a la CIDH, sin mostrar evidencia probatoria alguna, de la supuesta infiltración en las marchas de "grupos organizados al margen de la ley". Según la gestión de Dina Boluarte y Alberto Otárola, estas juntas tenían el fin de "desestabilizar" su Gobierno.

Más bien, el órgano de la OEA pudo identificar que, en las regiones donde hubo más muertos (Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa), las organizaciones fueron encarnadas por pueblos indígenas y comunidades campesinas. Justamente la zona altoandina fue acribillada durante el Conflicto Armado Interno, por lo que podría explicarse con ese antecedente que las personas entrevistadas por la CIDH hayan dicho: "Lo sucedido es un reflejo más del racismo estructural y de la desconexión que existe entre las regiones y Lima". Como sostuvo con anterioridad José Ragas para La República, la violencia política de los ochenta "desaparece esta idea de que puede haber integración".

La mayoría de fallecidos y heridos producto del "uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" sufrieron lesiones en la parte superior del cuerpo al ser impactados por balas de armas de fuego o perdigones. Algunos de ellos ni se sumaron a las demandas poblacionales. Solo pasaban por el lugar. En Ayacucho, la CIDH cree que hubo una "masacre" que podría "constituir ejecuciones extrajudiciales". En Juliaca, Puno, hubo una grave violación al derecho humano de manifestantes y civiles ajenos a la causa.