Erick Iriarte: “En vez de protección adecuada del honor, buscan coartar la libertad de expresión”

El abogado especialista en derecho de nuevas tecnologías Erick Iriarte considera que propuesta en el Congreso de agravar las penas en casos de difamación en medios de comunicación y redes sociales no busca proteger el honor sino coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. Por eso, sostiene que se debe archivar.

—¿Qué le parece este proyecto que ha aprobado la Comisión de Justicia del Congreso para agravar las penas en casos de difamación y calumnia en medios de comunicación y redes sociales de internet?

—Un problema básico con la regulación por tecnología o regular la tecnología es que cuando cambia la tecnología, tienes que volver a regular. No se deben regular tecnologías sino conductas. Si ya están regulados la difamación y los delitos contra el honor, calumnia, injuria, lo único que ver es si un elemento sería agravante, pero este ya estaba tipificado como tal y han habido sentencias antes de esta propuesta de modificación a la norma. Es decir, está mal enfocado regular tecnología en vez de conductas y la legislación vigente ya ha sido útil para enfrentar delitos contra el honor en el entorno digital.

—Y en cuanto a la libertad de expresión ¿qué se advierte?

—Si el elemento agravante o tipificación es utilización de entorno digital como una red social, donde mayor cantidad de personas han encontrado posibilidad de expresarse aún duramente contra funcionarios, políticos o gente con poder en la esfera pública, en realidad se está buscando callar las voces de aquellos de quienes no les gustan lo que dicen. Se malentiende libertad de expresión como que solamente es útil si sigue los parámetros que yo, detentador del poder, digo. En lugar de permitir una protección adecuada del honor, lo que hacen es coartar la libertad de expresión en un entorno como el digital. Si además, se hace a un periodista, se afecta la libertad de prensa. De este modo, rompe el equilibrio que establece la Declaración Internacional de Derechos Humanos que suscribimos como país.

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—¿El acceso mayoritario a las nuevas tecnologías no genera cierto mayor riesgo de que se llegue a la difamación?

—Se está tratando de sancionar la posibilidad de que cualquier persona ejerza la libertad de expresión de una forma que nunca en la historia el ser humano ha podido tener. Tu puedes tener un espacio en internet con más audiencia que un diario. Si sancionas la posibilidad del acceso, ¿el ejercicio de los derechos humanos no es que todos lo tengan? Puede haber una mala utilización, pero eso no se combate con reglas penales sino con educación. Y se viene trabajando en América Latina la idea de que los delitos contra el honor no deberían ser vistos en la vía penal sino en la vía civil.

—¿La razón de fondo de esta iniciativa es que a los políticos no les gusta recibir críticas?

—El no entendimiento de la tecnología y no comprender la posibilidad de que todo el mundo ejerza la libertad de expresión es a lo que le tienen miedo. Ya no es un medio al que puedes acallar, sino miles de personas que pueden dar su opinión. Una sentencia de la Corte Interamericana contra Costa Rica establece que los políticos y funcionarios públicos deben tener mayor tolerancia a la crítica si se basa en realidad. Más que temor a la crítica, que hay, es creer que con norma legal cortarán la libertad de expresión de quienes dicen lo que ellos no quieren oír.

—Esta propuesta de ley ha tenido votos a favor de congresistas de izquierda, derecho y centro. ¿Qué nos dice esto?

—Que no entienden el uso de la tecnología. Que creen que regulando la tecnología podrán callar el ejercicio de la libertad de expresión. Este es un derecho que tenemos todos. Los cuestionamientos desde el poder a la libertad de expresión de las personas es más un símbolo de temor que de democracia.

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—Y es recurrente que en el Congreso, este y anteriores, se intenten normas contra la libertad de expresión. ¿Qué opina?

—Que aun somos una democracia joven que busca cumplir los pactos y las declaraciones internacionales que suscribimos pese a esto. Declaramos que la libertad de expresión es derecho para todos, pero todavía nuestra sociedad y dirigentes no terminan de interiorizar eso.

—¿No se ha intensificado la violencia en medios y redes sociales, donde un bando y otro de llaman ‘terrucos’, ‘rojos’, ‘caviares’, ‘fachos’, ‘ultras’?

—Es más visible porque el entorno digital lo permite, pero siempre han ocurrido. Las discusiones en patios de universidades iban por el mismo lado. Los entornos digitales no han inventado los extremos ni la exacerbación política, sino vuelto digital con más alcance y más gente que expresa lo que cree. Si hubiera tenido más educación, hubiera sido mejor.

—Si la educación es el camino, ¿cómo ve a este gobierno en esa tarea con un ministro de Educación cuestionado por su cargada adjetivización?

—El ejercicio del poder en especial de altos funcionarios debe pensarse en servir. Son los primeros que deben usar adecuadamente la libertad de expresión y dar ejemplo de respetar los derechos del resto. Si son los primeros en irrespetar eso, es curioso que busquen regulaciones para sancionar al resto que hace lo mismo que ellos.

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—¿Qué debe pasar con el proyecto y qué cree que pase?

—Espero que se archive, pero creo que se entrampará: lo dejarán correr hasta un momento en que haya otros temas de coyuntura y pierda seguimiento. La obligación de seguimiento de este tema es de la sociedad civil. Tarea hay para todos.