Gisela Ortiz: Hay un pacto entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026
De acuerdo a la última encuesta del IEP, un 69% de peruanos cree que se deben adelantar las elecciones generales para este 2023. En tanto, rechazo a las gestiones de Dina Boluarte y el Congreso de la República no hacen más que incrementarse.
La deslegitimada imagen de la presidenta de la República, Dina Boluarte, va en sintonía con el descrédito ganador del Congreso. Ambos poderes del Estado cuentan con el rechazo de un sector mayoritario de la población, así lo dio a conocer la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual revela que un 69% de peruanos cree que se deben adelantar las elecciones generales para este 2023. Lejos de atender este pedido, el proyecto para nuevos comicios como salida a la crisis política y social descansa el sueño de los justos en el archivo del Parlamento, bajo la complaciente mirada del Ejecutivo, a cuyos integrantes no les hace ruido la posibilidad de quedarse hasta el 2026.
Al respecto, la exministra de Cultura Gisela Ortiz señaló —en diálogo con La República— que existiría un pacto tácito entre el Ejecutivo y el Legislativo para quedarse ambos hasta el 2026. Teoría que se apoya en el bajo consenso que hubo en el Parlamento para tratar las diferentes fórmulas de adelantar las elecciones. En el Ejecutivo pasan de considerarse un Gobierno de transición, citando a la misma jefa de Estado, a una gestión constitucional que culmina su mandato en el 2026.
“El adelanto de elecciones debería ser la primera prioridad del Ejecutivo y el Legislativo; pero, evidentemente, hay un pacto para que ese adelanto no se dé. Yo creo que se va casi normalizando el hecho de que se vayan a quedar hasta el 2026. Eso sí, realmente es una vergüenza, porque ningún Gobierno se puede sostener sobre la vida de esas personas que han sido asesinadas”, comentó a este medio.
Cifras de Dina Boluarte y el Congreso evidencian baja legitimidad
De acuerdo a las últimas cifras de IEP, un 90% de peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República; mientras que apenas un 6% respalda su labor. El rechazo de la ciudadanía contra los congresistas es mayor en el sur, con un 95%. En esa zona, solo un 3% los aprueba y un 2% no opina. En el centro del país también desaprueban su gestión. Un 90% critica al Legislativo. Por su parte, un 8% lo respalda y un 2% no opina.
En tanto, un 77% de la población peruana no aprueba cómo la presidenta de la República, Dina Boluarte, conduce su Gobierno. En cuanto a su aprobación, solo un 15% de encuestados respalda a la jefa de Estado, mientras que un 8% no sabe o no opina. La investigación fue realizada del 18 al 22 de febrero, cuando el Parlamento se negaba a debatir el adelanto de elecciones.
En esta línea, Gisela Ortiz remarca que la impopularidad del Ejecutivo y el Legislativo, si bien es histórica, sí encontró sus puntos más altos con los actuales funcionarios: “No hay legitimidad social para el Gobierno de Dina Boluarte, menos para un Congreso que no estuvo a la altura, que nunca permitió la gobernabilidad, que siempre tuvo una agenda propia, que no tuvo nada que ver con las exigencias de los ciudadanos y los resultados están ahí en las encuestas. Hay poca credibilidad en nuestras instituciones y piensan seguir ahí en sus puestos como si nada hubiese pasado”.
Un 69% cree que se deben adelantar las elecciones para este 2023
Un 69% de peruanos considera que debe darse un adelanto de elecciones en este 2023, en el marco de las protestas que se registran en el país, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), elaborada para La República.
La respuesta de la población se basa en la pregunta "¿qué cree que sería lo más conveniente en este momento para el país?". A comparación del mes de enero, en el que un 73% apoyaba nuevos comicios para este año, ahora un 69% sigue pensando lo mismo. La encuesta arroja, además, que un 19% se muestra a favor de que las elecciones se realicen en el 2024, mientras que un 8% apoya un nuevo proceso electoral en el 2026.
Congreso cuestionado por gastos excesivos
El Congreso de la República sería un nido de gastos excesivos. A los millonarios desembolsos —con dinero de todos los peruanos— por iPhones, buffets y viajes personales para los padres de la patria, se suma ahora el pago de S/315.000 por el concepto de remodelación de alfombras en cinco espacios del Parlamento. Un monto que deja cuestionables dudas sobre su costo real y sobre la empresa ganadora del contrato, según información revelada por el dominical "Panorama".
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El 25 de noviembre del 2022, se celebró un contrato para la adquisición de 1.600 metros cuadrados de sofisticadas y costosas alfombras para una remodelación en el Congreso de la República. En las descripciones del producto, se especificó que el material debía ser de tipo pelo cortado de 12 mm, filtro nacional de algodón y dralón acrílico al 100%. El monto a pagar fue de S/315.000.
"Panorama" consultó los precios con un productor nacional. Este señaló que, dada las características de lo estipulado en el contrato suscrito por el Congreso para la compra de alfombras, el monto total debería ser de aproximadamente S/134.000 y no una cifra que pase los S/300.000.
Además, la empresa ganadora del contrato es Kotlin Service S.A.C., la cual tiene su domicilio fiscal en la av. Próceres de la Independencia 4155, en San Juan de Lurigancho. No obstante, en el lugar no hay ningún indicio que muestre que ahí opera un distribuidor de alfombras, solo una pollería. Las personas de la zona dicen que en esa cuadra no se vende este tipo de materiales.
