—¿No estamos llevando el debate demasiado por el lado jurídico-constitucional, cuando esto se debe resolver de manera política?
—Lo que ocurre es que lo planteado por la fiscal de la Nación es un verdadero error jurídico. Quienes inaplican las normas son los jueces, no los Congresos. Segundo, asumamos que se aplica la inaplicación, entonces la fiscal irá a la Suprema con el caso, cuando ya el juez supremo que ve la instrucción, Checkley, ha dicho que no le va a dar más allá de una investigación preparatoria. ¿Va a convencer la fiscal a la Suprema? ¿Para, incluso, ir más allá de la propia Constitución e inhabilitar uno de sus artículos sobre la base de la convención de la ONU? Es difícil.
—¿No es viable recurrir a un mecanismo internacional?
—Soy defensor de los mecanismos internacionales, pero hay una pauta previa: tienen que agotarse las vías internas que sean idóneas en el país. Lo digo porque la fiscal Benavides, tranquilamente, ha podido ir por el juicio político por infracción a la Constitución y ahorrarse bastante malos ratos. En el juicio político, la evaluación no es si has cometido delitos. Es la convicción del Congreso de que tu comportamiento ha vulnerado parámetros constitucionales. Es algo bastante más rápido. Lo mandas esto a la subcomisión (de Acusaciones Constitucionales), luego a la Permanente, de ahí al Pleno, y en dos o tres semanas lo resuelves.
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—¿Por qué cree que no lo hizo?
—Cuando leí las 375 carillas del documento de acusación constitucional, entendí que lo que se quiere sostener está todavía incompleto. En este tipo de acusaciones hay una etapa preliminar, luego viene la preparatoria y recién se llega a la acusación. La primera parte está hecha, pero la segunda no es muy sólida. Hay otra cuestión: la fiscal quiere que todo se vea en el escenario jurisdiccional. Y eso está mal, porque no se trata de quién gana o quién pierde, porque debería haber colaboración entre poderes si se sospecha que altos funcionarios han incurrido en corrupción. Finalmente, ha elegido la peor de las soluciones.
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—El Congreso ha pedido al Tribunal Constitucional una interpretación del artículo 117. Es una ampliación de la demanda presentada contra el Poder Judicial por el caso de la elección del defensor del Pueblo. ¿Se puede hacer?
—Nunca se ha hecho en el caso peruano que estoy discutiendo A y le añado un tema B. Lo que se ha hecho es que cuando puede haber temas parecidos, se debate en audiencia y luego en el Pleno (del TC) si hay elementos para la ampliación. Lo que ocurre ahora es que a la mitad del camino se varía el escenario. Eso es un poco delicado porque los plazos ante el TC son inamovibles. Eso es un punto. Hay otro.
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—¿Cuál es?
—Que tiene que haber conexión entre los temas. Y eso es lo primero que tendrá que resolver el Tribunal. Políticamente, es una salida del Congreso para no pronunciarse sobre la constitucionalidad del 117 y dejarlo en las manos del TC. Mira, acá hay varias salidas. Yo creo, junto con varios otros, que la más rápida era el juicio político, pero la fiscal no ha querido. Lo que ella busca es un antejuicio que necesita una declaración de inconstitucionalidad del 117 y la aplicación del artículo 30.2 de la convención de la ONU. Pero a eso hay que sumarle el amparo planteado por la defensa del presidente, y eso puede también llegar al TC. Entonces, estamos en tierra movediza, donde posiblemente tengamos opinión del Congreso, de la Suprema y del TC, que espero que trate de buscar una posición consensuada. Imagínese lo que puede ocurrir si los tres opinan de manera distinta.
—Vuelvo a la primera pregunta. ¿Este no es un tema más político?
—Es un tema con un contenido político muy fuerte. No estamos en el 2000 con un fujimorismo avergonzado que renunció y se nombró a un presidente de transición y se convocaron elecciones. Esa misma voluntad no las ves aquí. ¿O usted ve voluntad de que Castillo se quiera ir?
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—No, claro. Tampoco el Congreso.
—Eso es lo que agrava el problema. Si ninguno de los dos sectores está dispuesto a buscar acercamientos, el hoyo se va haciendo más grande y grande, por lo que será más difícil salir de él. Si no buscamos alternativas que le permitan a la gente resolver sus problemas, no nos quejemos con lo que pueda pasar en unos dos o tres años.