La juez de Andorra, Stephanie García, ordenó el bloqueo de US$ 2,9 millones en depósitos y cuentas vinculadas a empresarios y altos funcionarios durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011). En esa corriente también determinó congelar 34 millones de euros (33,5 millones de dólares) vinculados al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.
La medida de la jueza de Andorra comprende al exvicepresidente de Petroperú e íntimo amigo de García, Miguel Atala Herrera. En su declaración como colaborador eficaz, Atala afirmó que el dinero que recibió de Odebrecht en Banca Privada D’Andorra (BPA) le pertenecía a Alan García, a quien le entregó en efectivo mensualmente.
PUEDES VER: Nadine Heredia: Corte Suprema verá audiencia de casación por lavado de activos el 2 de noviembre
De ese dinero en el BPA que Atala recibía para García, quedaban US$ 17.929, suma que ha sido congelada por la jueza de Andorra.
Otros funcionarios apristas con cuentas en el BPA son el expresidente del comité de licitación de los tramos 1 y 2 del metro de Lima, Edwin Luyo Barrientos, obra que adjudicó a Odebrecht en 2011, según informó el diario español El País.
Luyo tiene más de US$ 1.2 millón congelados en Credit Andorra en una cuenta a su nombre.
El gobierno de Alan García estuvo vinculado a los sobornos de la empresa brasileña de Odebrecht. Foto composición Gerson Cardoso/ La República
El exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Santiago Chau Novoa, que también integró al comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, ocultó los fondos que cobró en una cuenta a nombre de la sociedad opaca Ultone Finance Limited. Se le han congelado US$ 442.280.
La jueza Stephanie García ordenó, además, restringir la cuenta del exfuncionario de la empresa municipal de peajes Emape, Gabriel Prado Ramos, por un monto de 171 euros.
El exdirector del Ositram, Juan Zevallos Ugarte, fue incluido con un monto de US$ 13.737 retenidos. Se sabe que Zevallos cobró a Odebrecht más de US$ 591.000 por la ejecución de la carretera Interoceánica Sur.
También resalta el empresario Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, a quien las autoridades retuvieron US$ 200.000. Peñaranda recibía fondos de Odebrecht para distribuir coimas a funcionarios peruanos.
El abogado Horacio Cánepa Torre, que fungió de árbitro de Odebrecht, es otro de los que ocultaba dinero sucio en el BPA. Ganó más de US$ 1.2 millones en coimas.
Por otro lado, el juez John Bernardino Pillaca Valdéz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional, se negó a homologar el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron, en febrero, el Equipo Especial de Fiscales y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, con los exdirectivos y propietarios de la constructora Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, trascendió en medios judiciales.
De acuerdo con las fuentes consultadas por La República, el magistrado encuentra que hay una desproporción entre el beneficio que la fiscalía y la procuraduría pretenden otorgar a los Graña, a cambio de confesar su participación en las actividades corruptas del “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3, con la empresa brasileña Odebrecht.