Los nudos de la extradición contra Alejandro Toledo

Por: Alonso Collantes en colaboración para el Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona)

Diversos cuellos de botella se han formado en Perú y en Estados Unidos desde el 28 de setiembre de 2021 -hace poco más de un año-, cuando el juez norteamericano Thomas S. Hixson resolvió que sí existen las evidencias necesarias para extraditar a Alejandro Toledo.

Desde entonces, se dio un paso crucial para que el secretario de Estado de los EE.UU., Anthony Blinken, diera la orden final de entrega de Toledo a las autoridades peruanas, algo que hasta el momento no se concreta.

¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la causa de esta demora, pese a que desde aquel momento se valoró como suficiente la acusación del fiscal José Domingo Pérez por lavado de dinero y colusión contra Toledo para extraditarlo? Pero sobre todo, ¿en qué etapa se encuentra la repatriación del expresidente que afronta un pedido de 20 años y medio de prisión por recibir presuntamente casi US$35 millones de Odebrecht?

La portavoz principal de la oficina de Ley Internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, compartió para esta nota la ruta que siguen los procesos de extradición en su país. El caso de Toledo, previo a su retorno al Perú, está en la recta final.

Según la legislación norteamericana -acápite 9-15.700 de procedimientos del Departamento de Justicia de EE.UU.-, sólo faltan dos pasos para que se haga efectiva la devolución del fugitivo expresidente. La ruta inició con la revisión del pedido peruano de extradición en 2019 por un fiscal competente, una solicitud de arresto contra el fugitivo, y la luz verde que dio el juez Thomas S. Hixson en 2021 para que se extradite a Alejandro Toledo.

Para intentar detener el proceso, Toledo interpuso un hábeas corpus que, en primera instancia, fue denegado por la jueza Laurel Beeler en abril de este año. Ante la insistencia del exmandatario, el Noveno Circuito, un tribunal de apelaciones de California, resolverá definitivamente si se mantiene o no el proceso de extradición contra Toledo. Una vez que se defina ello, el Gobierno estadounidense podrá dar la orden de entrega del expresidente.

Es precisamente en estos dos puntos finales donde se ha elaborado un nudo administrativo que sólo se desatará con el tiempo. La siguiente gráfica expone mejor los momentos de este trámite en Estados Unidos.

Movimientos y dilaciones

El hábeas corpus, en resumen, ha estirado por varios meses más el proceso desde que Toledo lo presentó en octubre del 2021.

Casi medio año después, la magistrada Laurel Beeler desestimó sus argumentos señalando que “las pruebas proporcionan una base razonable para inferir que los fiscales pueden establecer los elementos de colusión y blanqueo de dinero. Por lo tanto, existe una causa probable para creer que el peticionario cometió los presuntos delitos”.

Se espera que en segunda instancia se rechace nuevamente la postura de Toledo y se ordene desde la Secretaría de Estado la entrega definitiva del expresidente para que sea juzgado en el Perú por el caso Odebrecht. Ello a raíz de que ya fue denegada una vez su hábeas corpus.

Navas Oxman puntualizó así ante nuestras preguntas que “no podemos comentar los litigios pendientes”, pero que “los expedientes judiciales del gobierno de los Estados Unidos hablan por sí mismos” para conocer lo que continúa del trámite de extradición.

Acorde a información obtenida en el transcurso de este informe, la espera antes de que Toledo vuelva a nuestro país será mayor, ya que el Noveno Circuito recibirá hasta el 14 de octubre la respuesta del Gobierno norteamericano contra la postura del expresidente. Después de ello, se programará una audiencia para decidir si mantiene o no el proceso en su contra.

Otra de las jugadas que ha puesto en marcha Toledo, recientemente, fue la del cambio de su abogado en Estados Unidos.

El 20 de setiembre, Graham Archer, quien representó al expresidente en buena parte de su proceso en el país norteamericano desde el 2019, fue reemplazado por la defensora pública de la Corte Federal Tamara Crepet. Estas modificaciones suelen ir acompañadas de otro tiempo adicional para que el nuevo defensor conozca los antecedentes y resoluciones previas del caso. Algo que también puede tardar varios meses.

Para la elaboración de esta nota, se buscó recoger las versiones de los abogados del expresidente en Perú, Roberto Su, así como el de la nueva defensora en EEUU, Tamara Crepet; no obstante, evitaron dar respuestas sobre el caso.

Consultado por el largo proceso que continúa en el extranjero, en cambio, el fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, comentó que “EEUU tiene un proceso de extradición más cuidadoso y delicado así como más extenso. Se está en el tiempo que corresponde. Las extradiciones así como los pedidos de información se rigen bajo las leyes del país al que se pide la extradición y puede parecer largo, pero es de acuerdo al sistema norteamericano”.

Rebaza ratificó al igual que en los reportes de EE.UU. que “primero se debe resolver al hábeas corpus [presentado por Alejandro Toledo] antes de que se decida el tema de fondo de la extradición por la Secretaría de Estado”.

La batalla legal continúa

Ante la ofensiva de Toledo para suspender su extradición vía hábeas corpus, los fiscales norteamericanos Stephanie Hinds, Kyle Waldinger y Rebecca Haciski, del Distrito Norte de California pidieron en julio último que se rechace el recurso del expresidente.

Según los documentos fiscales a los que se accedió, son tres los argumentos principales que sostienen estas autoridades para convencer a los jueces del Noveno Circuito de denegar en segunda instancia el pedido de Toledo: no hay probabilidad de éxito en el recurso de hábeas corpus, no existe el “daño irreparable” si se aplica la extradición y el expresidente vuelve al Perú; y por último, el gran interés público que suscita el logro de la extradición.

Sobre el primer punto, los fiscales apuntan que Toledo falla al argumentar que no está “acusado” en el Perú, pues no sólo tiene una orden de captura desde 2017 por el caso Odebrecht, sino que también tiene una acusación formal desde 2020 en la que se le piden más de 20 años de cárcel.

“El Perú ha proporcionado tanto una orden judicial como documentos de acusación separados”, señala el escrito fiscal al que se tuvo acceso.

Asimismo, afirman que el “daño irreparable” que sufriría Toledo en el Perú al regresar y ser internado para cumplir prisión preventiva es “especulativo”, ya que el gobierno de EE.UU. no evalúa los sistemas penitenciarios de otros países y tampoco hay garantía de que se cumpla todo el periodo de detención en una cárcel peruana.

Otra de las razones esenciales que esgrimen las autoridades norteamericanas es la relevancia del caso. “Los Estados Unidos tienen un gran interés en que las solicitudes de extradición presentadas por nuestros socios del tratado, como el Perú, se resuelvan sin demoras indebidas, tanto para cumplir con nuestras obligaciones del tratado como para promover nuestro interés recíproco en que otras naciones cooperen rápidamente con nuestras propias solicitudes de extradición y otros objetivos de aplicación de la ley”, agregan.

El debate de estas posturas en audiencia aún no tiene fecha, pero es fundamental conocerlas previo a la decisión que tomará el Noveno Circuito de cara a la posible repatriación de Alejandro Toledo. La lucha judicial, no obstante, se libra también desde el territorio peruano.

La odisea peruana

En Perú, el panorama no es más alentador con respecto al comienzo del juicio contra Alejandro Toledo. El fiscal José Domingo Pérez, quien acusó al expresidente en agosto de 2020 por haber concertado con la constructora Odebrecht un soborno de US$34.3 millones a cambio de adjudicarles el proyecto Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3), afirma que el caso está “paralizado”.

“En el caso de Alejandro Toledo, tenemos un criterio judicial que nos ha puesto nuevamente en el escenario donde ni siquiera podemos avanzar la etapa intermedia [revisión de los cargos antes del juicio]”, declaró para la elaboración de esta nota.

El trasfondo de este problema tiene su origen en una decisión que emitió en noviembre de 2021 la Primera Sala de Apelaciones. Entonces, el tribunal ordenó dejar sin efecto la división del caso en dos partes -que había adoptado el fiscal Pérez-: la acusación y la investigación en paralelo contra las empresas GyM, Graña y Montero, ICCGSA y JJC.

El principal efecto de ello fue que se mantenga en suspenso la revisión de la acusación contra Toledo y otros implicados por el caso Odebrecht. Y que se investigara a dichas empresas hasta que se definiera si iban a ser acusadas o no.

Según el criterio que adoptaron los jueces Edita Condori, Rómulo Carcausto y Javier Sologuren, el caso era uno sólo y no podía haber dos por los mismos hechos. El problema es que no aclaró de qué manera y por cuánto tiempo se debía investigar aparte a las empresas involucradas.

La controversia ha llegado al punto de que el fiscal superior Rafael Vela interpuso un recurso extraordinario (casación) ante la Corte Suprema de Justicia para que se aclare ello y el caso pueda avanzar, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta desde el Poder Judicial.

“Lo que se genera como consecuencia es que el proceso esté paralizado, al menos hasta que la Sala señale bajo qué figura se hará este proceso de investigación paralelo”, puntualiza Pérez. El fiscal aclara que la idea de mantener el caso separado en dos partes era que se avance revisando la acusación con miras a un juicio -como se está avanzando en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori-. Esta opción ha quedado neutralizada, sin embargo, desde el 2021.

El fiscal Domingo Pérez precisa en este sentido que la demora del retorno al Perú de Alejandro Toledo “no nos está afectando aún” porque la acusación en el Poder Judicial no avanza por el momento.

“Nos afectaría si ingresamos al juicio oral, donde el extraditado debería estar presente para que se instale el juzgamiento. Si Alejandro Toledo no está presente para entonces, se archivará temporalmente su proceso hasta cuando él comparezca ante el Juzgado. La instalación del juicio no podrá hacerse este año al menos, queda claro”, sostuvo Pérez para esta nota.

Con las cartas puestas sobre la mesa, la justicia avanza lentamente y con dificultades tanto en Perú como en Estados Unidos para que el expresidente pueda ser juzgado en nuestro país. Aunque existe unanimidad en la fuerza y el peso del caso Odebrecht contra Toledo.

“Somos optimistas con el resultado de la extradición porque el caso tiene muchas pruebas a favor, y no hay una persecución política ni algo que haya viciado el proceso. La decisión, evidentemente, es de Estados Unidos. Consideramos que se cumplen todos los requisitos y que hay mucha probabilidad de que se logre”, apunta el fiscal Alfredo Rebaza sobre este punto.

Pérez alerta por su parte que “si [Alejandro Toledo] no está para la instalación del proceso, este juicio comenzará para los demás acusados, pero no para él. Sería importante que para ese momento él ya esté a disposición de las autoridades peruanas. La etapa del juicio aún no se ve cercana por el entrampamiento que ha originado la Primera Sala Penal de Apelaciones”, finalizó.

El reloj, con sus idas y venidas, ha empezado a marchar. La cuestión es si se llegará a tiempo para la hora decisiva del juicio contra todos sus actores implicados.

A modo de apéndice, exponemos el cuadro de penas que ha pedido el fiscal Domingo Pérez contra Alejandro Toledo y otros acusados por el caso Odebrecht:

• Alejandro Toledo Manrique (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• Sergio Bravo Orellana (acusado a 9 años de cárcel)
• Alberto Pasco-Font Quevedo (acusado a 9 años de cárcel)
• Avraham Dan On (acusado a 9 años de cárcel)
• José Graña Miro Quesada (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• Fernando Camet Piccone (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• José Castillo Dibós (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• Hernando Graña Acuña (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)
• Gonzalo Ferraro Rey (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)

Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).