Noviembre del 2024. Hasta esa fecha, el Ministerio Público tiene plazo para demostrar la culpabilidad del gobernador suspendido Elmer Cáceres Llica y conseguir una condena definitiva.
En la audiencia de ayer la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, negó el recurso de casación del suspendido gobernador regional de Arequipa que buscaba revocar la prisión preventiva ampliada a 36 meses por el Segunda Sala Penal de Apelaciones.
Cáceres Llica es acusado por graves delitos de corrupción y de liderar la organización criminal “Los hijos del cóndor”.
El defensor de Cáceres, Humberto Abanto Verástegui, explicó que en los próximos días el colegiado le notificará la resolución para que pueda revisarla a detalle y preparar un hábeas corpus, una última alternativa que se presenta en un juzgado constitucional y que puede llegar al Tribunal Constitucional en última instancia. Esta acción tiene por objeto restituir la libertad del procesado, aparentemente “vulnerada por actos y omisiones”. “Se debe presentar lo más pronto que se pueda porque es un tema urgente”, indicó el letrado. Llega al Tribunal Constitucional si en dos instancias anteriores es denegada.
Abanto está disconforme por la posición de la Sala. Sobre todo la postura ante “la falta de homologación” de los audios (sometidos a pericias) y utilizados como pruebas para enviar a la cárcel a su patrocinado. “El Tribunal Constitucional indicó que los audios tienen que ser sometidos a homologación (corroboración de las voces) y nada de eso ha ocurrido”, sostuvo.
Subrayó que los jueces corrigieron que sí había arraigo laboral, sin embargo esto no sirvió para cambiar la resolución final. “Sí había arraigo laboral pero no era suficiente para descartar el peligro de fuga. No se entiende cómo se puede relacionar una cosa con la otra”.
El recurso de casación presentado por la suspendida consejera Jeimi Natividad Flores Quicaño también corrió la misma suerte. En la misma audiencia negaron su libertad. Ella también es sindicada de integrar la organización criminal “Los Hijos del Cóndor” junto a otros funcionarios y autoridades. Cumple prisión preventiva igualmente por el periodo de 36 meses en el penal de Socabaya.
Con Cáceres en prisión, la gobernadora regional encargada Kimmerlee Gutiérrez Canahuire continuará en el cargo y es muy probable que concluya la gestión, que en principio se le encomendó a Cáceres. Para el consejero regional por Arequipa, Harberth Zúñiga, es una “respiro” en términos estrictamente políticos que la suspendida autoridad no haya recuperado su libertad en tiempos de crisis nacional y regional. “Es un respiro para la instancia del Gobierno Regional de Arequipa, ya que se habría podido enfrentar a una inestabilidad con cambios de gerentes a poco de culminar una gestión regional”, sostuvo.
Zúñiga aclaró que la decisión de los jueces se sujeta a posición individual para aplicar la ley penal.
El consejero y expresidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Santiago Neyra, es el único no habido en el proceso de investigación de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Fuentes del Ministerio Público señalaron que sigue en pie su pedido de detención por 10 días. En las próximas semanas se levantará esa solicitud y se requerirá otra. En tanto, el hasta hace poco prófugo y suspendido consejero Richard Cervantes Gárate, pidió su incorporación al CRA para retomar sus funciones. El Legislativo regional estaba en espera de un informe legal para debatirlo en el pleno y con ello poner en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones, el cual resolvió la suspensión de Cervantes.