“La Resistencia” actúa impunemente y autoridades no la investigan
Pasividad. Conglomerado extremista lleva más de dos años atacando a autoridades, instituciones y personajes públicos sin ningún tipo de castigo.
El 21 de diciembre del 2021, el Ministerio Público abrió una investigación fiscal contra el colectivo “La Resistencia”. La carpeta se encuentra en la Cuarta Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo de la fiscal Nelly Millones Palmadera. Aunque no quiso declarar para La República, fuentes del Ministerio Público comentaron que Millones ha tenido más de una dificultad en este caso. La más importante ha sido el nulo apoyo que reciben por parte de la Dirección General de Inteligencia (Digimin). “Dicen que los informes que manejan son secretos y no los pueden compartir, pero están malinterpretando la norma”, comenta una fuente de la Fiscalía a este diario. El despacho de Millones no descarta acudir al Poder Judicial. Sus superiores le han dado un plazo máximo de 60 días para culminar la investigación.
Por su parte, la Digimin ha elaborado un informe secreto que se hizo de conocimiento público tras el hackeo del Grupo Conti. Como reveló el portal La Encerrona, en el documento se determinan las tres amenazas que imparte “La Resistencia”: conflictividad social, crimen organizado y delincuencia común y afectación al Estado democrático.
En este se advierte que si bien las manifestaciones de “La Resistencia” no son un delito en sí mismo, la violencia de estas ha escalado a tal punto que recomiendan al Estado adoptar medidas idóneas que permitan reducir su alcance violento para así “garantizar la seguridad de la población como una de las prioridades descritas en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú”.
Además, la Digimin plantea dos alternativas de solución ante el problema que significa este colectivo: recomienda impulsar las denuncias penales correspondientes contra los integrantes de “La Resistencia”, detallados en la infografía que acompaña esta nota; y aconseja desarrollar programas políticos, sociales y económicos que reduzcan las protestas, para evitarlas y así reducir las oportunidades de que estos colectivos materialicen actos violentos.
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También detalla los posibles delitos en los que estaría incurriendo este colectivo. Primero, contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios y contra el patrimonio en la modalidad de daño agravado, delitos para los que la Digimin tiene videos probatorios y a los autores partícipes identificados. No obstante, reconocen que estas denuncias alentarían la victimización de los integrantes de “La Resistencia” bajo el argumento de criminalización de sus protestas e incrementarían sus manifestaciones.
El segundo delito identificado es el de crimen organizado, bajo la modalidad de extorsión. Según la institución, este colectivo estaría constituido con la finalidad de “cometer delitos destinados a la obstaculización de vías y perturbación del normal funcionamiento de los servicios públicos”. Como pruebas, están las acciones de amedrentamiento contra funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de lo cual hay videos, y de otras instituciones públicas. Además, la proyección criminal de “La Resistencia” está explícita en sus convocatorias a marchas. El riesgo de acusarlos como organización criminal es que la denuncia “no supere el estándar de calificación a cargo del Ministerio Público”, dice el documento. Esto porque “La Resistencia” no cumpliría el requisito de “activar y mantener negocios y/o economías ilegales”, hasta donde se sabe.
Este supuesto también lo ha contemplado la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que califica a “La Resistencia” no solo como colectivo, como lo hacen la Fiscalía y la Digimin, sino como conglomerado, pues de ellos se desprenden y actúan en conjunto “La Insurgencia” y “Los Combatientes”, dos colectivos formados por los mismos miembros de “La Resistencia”, pero que actúan de manera más radical.
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Ahora bien, según fuentes de inteligencia del Estado, el Código Penal no tiene delitos por crímenes de odio o incitación a la violencia, por lo que una acusación contra “La Resistencia” no prosperaría. Sin embargo, fuentes especializadas alegan que el Estado podría argumentar que el conglomerado incide en “discursos peligrosos”, término estudiado por la estadounidense Susan Benesch.
Sin embargo, institucionalmente hay reparos para investigarlos. La República conoció que a inicios de este año se advirtió del aumento de violencia de estos colectivos. Los argumentos fueron que el conglomerado afecta la gobernabilidad y el régimen democrático, además de atentar contra personas que dirigen instituciones públicas y contra las instituciones en sí mismas.
En cualquier caso, esto sería suficiente para iniciar el seguimiento, pero la DINI teme que los miembros de “La Resistencia” se jacten de ser víctimas de persecución política y, con esto, el gobierno sume una acusación más en su contra.
Integrantes de ‘La Resistencia’
La Resistencia
