La Relatoría Especial reiteró su llamado al Estado peruano para "adoptar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión en responsabilidades ulteriores por la expresión de opinión e informaciones", esto por la condena contra Gamarra por una columna publicada en el 2015.,La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su preocupación ante la condena de un año de prisión suspendida al abogado y ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, por una denuncia en su contra debido a una columna que él escribió en el 2015. PUEDE LEER. IPYS rechazó sentencia contra ex procurador Ronald Gamarra Hay que recordar que el 35º Juzgado Penal de Lima condenó en marzo a Gamarra por una presunta difamación agravada a la ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luz Marina Guzmán Díaz. A parte de la prisión suspendida, también debía pagar 10 mil soles de reparación civil a favor de la agraviada y de tres mil soles de multa a favor del Poder Judicial. Ante ello, la Relatoría Especial criticó la evaluación de los jueces al momento de dictar condena en este caso, dado que "no apareja la falsa imputación de hechos verificables". "(...) Es importante tener en cuenta que únicamente los hechos, y no las opiniones, son susceptibles de juicios de veracidad o falsedad. En consecuencia, nadie puede ser condenado por una opinión sobre una persona cuando ello no apareja la falsa imputación de hechos verificables", indicaron. La Relatoria Especial reiteró su llamado al Estado peruano para "adoptar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión en lo que refiere a responsabilidades ulteriores por la expresión de opinión e informaciones y, en consecuencia, promover la modificación de su legislación interna en materia de figuras legales que son utilizadas para penalizar expresiones de interés público o sobre funcionarios públicos". Cabe recordar que la columna publicada por Gamarra en el semanario Hildebrandt en sus 13 con el título de “Favor por favor se paga”, este escribió que Guzmán fue investigada por presunta falsificación de firmas para ser candidata y ser elegida integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La sentencia representó un preocupante precedente para la libertad de prensa y opinión.
