Informe final. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe que prevé denuncia constitucional por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito por el recorte de sueldos a sus trabajadores., Patricia Hoyos S. El congresista Michael Urtecho estaría a punto de ser desaforado luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda destituirlo e inhabilitarlo por diez años de la función pública por el recorte de sueldos a sus trabajadores. La sesión que se prolongó por casi tres horas concluyó en acusar constitucionalmente al suspendido legislador por existir indicios razonables de la comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, por lo que podría recibir una pena de hasta 8 años de prisión efectiva. Los miembros de la comisión aprobaron, sin debate, los dos informes sobre denuncias constitucionales referidos a las irregularidades en las que habría incurrido Urtecho. En el primer folio se precisa acusarlo por los delitos de concusión (por el recorte salarial) y enriquecimiento ilícito, mientras que en el segundo se establece que infringió el derecho a trabajar libremente establecido en la Constitución, por lo que se recomendó su destitución e inhabilitación. Según el informe, se comprobó que Urtecho, junto a su esposa Claudia Gonzales Valdivia , "recortaba los sueldos a sus trabajadores, asimismo se apropiaba de sus gratificaciones, bonificaciones por escolaridad, liquidaciones, e inclusive se quedaba con el 100% de la asignación por concepto de refrigerio de los empleados". Esta precisión fue sustentada con los testimonios de los afectados y documentación de registros de retiro de las cuentas de los trabajadores en el Banco de Crédito del Perú, además se adjuntaron los informes de viaje del congresista, los que demostraron que realizó retiros de las cuentas de sus empleados en distintos puntos del país. En tanto, sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito, los miembros de la subcomisión realizaron una evaluación sobre las declaraciones juradas de Urtecho, en las que se habrían detectado indicios de un irregular incremento patrimonial. “El recorte de sueldos está totalmente acreditado y no amerita ninguna discusión, en cuanto al enriquecimiento ilícito el congresista no reconoce esa parte y ha pedido una pericia contable. Nosotros hemos hecho una estimación según sus declaraciones juradas y hay claros indicios que demostrarían que habría un incremento patrimonial sin justificación”, refirió el titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Marco Falconí. Falconí explicó que en el caso del recorte salarial el propio acusado reconoció que incurrió en dicho acto desde el 2006, situación que no admitió mayor discusión entre los integrantes de la subcomisión legislativa. “Para los miembros de la comisión hay indicios y debe ser materia de investigación en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hemos hecho una labor que se ha basado en pruebas y hemos revisado uno a uno los testimonios de los agraviados”, añadió. No obstante, la subcomisión decidió no acusar al congresista por los delitos de apropiación ilícita, asociación ilícita, colusión, peculado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos y malversación y estafa. La subcomisión se encargó de investigar el caso dentro de los plazos establecidos por el Pleno del Congreso. CASO URTECHO QUEDA EN MANOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Marco Falconí, informó que el informe final de la comisión fue enviado ayer a la Comisión Permanente, que luego de dos días útiles, deberá reunirse para formar una subcomisión acusadora y pasar el caso al Pleno del Congreso. Falconí refirió que a más tardar el día martes, la comisión presidida por el titular del Parlamento, Fredy Otárola, deberá pronunciarse sobre si respalda las recomendaciones de la acusación constitucional contra el legislador, o no. Por su parte, Otárola anunció que se le dará celeridad al caso Urtecho, y debido a la demanda de proyectos y temas pendientes en el Parlamento se decidió convocar a sesiones extraordinarias para los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana.
