Creada para velar por los derechos ciudadanos, para defenderlos en caso de abuso o arbitrariedad estatal, la Defensoría del Pueblo poco o nada parece interesar a las bancadas parlamentarias. Estas llevan veinte meses sin elegir al Defensor. O no son capaces de ponerse de acuerdo o bloquean deliberadamente la elección del candidato con más chance. El cargo ha terminado siendo zarandeado por políticos que no valoran el peso que adquieren las instituciones en una democracia. Intereses., María Elena Castillo. Cuatro meses tuvo la Comisión Especial del Congreso para elegir al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y del Banco Central de Reserva (BCR). Cuatro meses se la pasaron discutiendo. Para los parlamentarios no fue suficiente. Nunca se pusieron de acuerdo. Jaime Delgado, el presidente de esta comisión, anunció luego que no pedirán una ampliación del plazo. Parecía resignado, pero al finalizar la última sesión del grupo dejó una ventanita abierta: "eso dependerá del Pleno". Luego de llegar a acuerdos previos y de romperlos –en medio de acusaciones sobre repartijas políticas– el martes 20 de noviembre la comisión culminó su labor y entregó un informe a la Mesa Directiva. Allí dejaba constancia de que el único candidato a Defensor del Pueblo con respaldo mayoritario fue Walter Gutiérrez. Durante 120 días los siete integrantes de esta comisión –en la que estaban representadas las diferentes bancadas del Congreso– se enfrascaron en arduos debates. A fines de octubre, poco faltaba para que presentaran una candidatura de consenso, al menos para el caso del Defensor del Pueblo. El 31 de octubre enviaron una carta al presidente del Congreso, Víctor Isla. Le comunicaban que habían acordado presentar al Pleno la candidatura de Walter Gutiérrez. Pero sostener los consensos parece no ser una cualidad propia de los legisladores peruanos. Dos días después el representante de Perú Posible retiró su firma y su líder, Alejandro Toledo, lanzó –vía twitter– a Güido Lombardi como candidato. No sería el único que le jalaría la alfombra a la candidatura de Gutiérrez. Daniel Abugattás, de la oficialista bancada de Gana Perú, marcó distancia de la posición asumida por su vocero. Luego otros nacionalistas le siguieron los pasos con un pronunciamiento que dejó mal parado al portavoz de Gana Perú en la comisión, quien había apoyado la candidatura de Gutiérrez. En medio de esta discusión, salieron los congresistas Mauricio Mulder, del Apra, y Michael Urtecho, de Solidaridad Nacional, para acusar a Gana Perú y Perú Posible de anteponer sus "intereses personales" y enfrascarse en "pugnas internas". Esta controversia debilitó la posibilidad de contar con los 87 votos indispensables (dos tercios del número legal de los miembros del Congreso) que requería la elección de Gutiérrez. Entonces la Junta de Portavoces suspendió la votación, prevista para el 14 de noviembre. Una vez más se dilataba el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo. La historia de esta frustración empezó el 2011, en las postrimerías del gobierno aprista. También entonces se creó una comisión –presidida por Luis Gonzales Posada– que presentó a Walter Gutiérrez como candidato. En aquella ocasión, como ahora, hubo cuestionamientos, pero la propuesta llegó a votarse en el Pleno. El 9 de junio del 2011 no alcanzó los 80 votos que entonces se requería. Hubo un pedido de reconsideración y la elección se postergó. Una semana después, en un debate tenso, áspero, con frases cargadas, empujones y un grupo de congresistas que casi llegan a los golpes, Gutiérrez logró solo 77 votos. El altercado surgió a raíz de la protesta de los legisladores nacionalistas, que se quejaron porque la mesa directiva demoró varios minutos el cierre de la votación. ESPERA SIN FIN Esta larga espera se inició hace dos años, el 15 de noviembre del 2010, cuando se venció el mandato constitucional de Beatriz Merino como Defensora del Pueblo. Una semana antes, las bancadas parlamentarias se mostraron a favor de su posible reelección. Jorge Del Castillo, entonces congresista del Apra, aprovechó una reunión de las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento a la que acudió Merino para preguntarle si aceptaría una invitación de las fuerzas parlamentarias para que continúe en el cargo cinco años más. "Es una decisión soberana que corresponde al Congreso. Cualquier decisión que tome motivará mi agradecimiento", sostuvo ella. Pocos días después, representantes de las diferentes bancadas –la aprista incluida– mostraron públicamente su respaldo a un eventual segundo período de Merino. Se reconocieron sus cualidades y sus logros en la conducción de la Defensoría. Para reelegirla era necesario modificar una norma e invitarla a postular. Esta propuesta no prosperó en el Congreso. Solo obtuvo el respaldo de 49 parlamentarios, cuando necesitaba una mayoría calificada de al menos 61 legisladores. ¿Qué pasó con el respaldo que los voceros de las bancadas habían anunciado a favor de Beatriz Merino? El panorama se complicaría cuando, de un momento a otro, se pretendió incluir la modificación de la norma para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional bajo la misma modalidad. La oposición acusó al Apra de haber querido aprovechar la situación. En marzo del 2011, cuatro meses después de haber acabado su mandato, Merino renunció y dejó el cargo en manos de su primer adjunto, Eduardo Vega Luna, un funcionario que hizo carrera en la Defensoría. NO ES LA PRIMERA VEZ Desde que la Constitución de 1993 creó la Defensoría del Pueblo, la elección de su máximo representante ha sido sometida a la componenda política. La elección del primer Defensor del Pueblo también estuvo plagada de fallidas negociaciones. En 1995 se nombró una comisión multipartidaria que evaluó los currículums y entrevistó a los 33 candidatos aspirantes al cargo. En aquella oportunidad quedaron Francisco Eguiguren, Miguel González del Río, Carlos Hermoza Moya y Javier Villa Stein. Ninguno tuvo los votos necesarios. Por entonces estaba pendiente la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, para lo cual se formó otro grupo especial que debía evaluar a los candidatos, proceso que también se frustró. Tal como ocurre ahora, los representantes de la oposición y el oficialismo se acusaban de turbios manejos bajo la mesa. Los intereses políticos de un grupo o de otro bloqueaban siempre la elección. Finalmente, tras prolongadas negociaciones, los miembros de la comisión aceptaron respaldar la candidatura de Jorge Santistevan de Noriega, quien resultó elegido por 95 votos, en marzo de 1996. Aunque algunos parlamentarios vaticinaron, entonces, que este jurista sería dócil y manejado por el fujimorismo, el tiempo demostró que ejerció el cargo con plena independencia. Tuvo una destacada participación en la denuncia sobre la fábrica de firmas falsas de Perú 2000; y durante su gestión impulsó un programa de supervisión electoral que recibió y verificó numerosas denuncias sobre irregularidades cometidas durante ese proceso electoral. En noviembre del 2000, Santistevan de Noriega renunció y dejó en el cargo a su primer adjunto, Walter Albán, mientras el Congreso nombraba a su sucesor. Albán se tuvo que quedar cinco años como Defensor del Pueblo interino. En diciembre del 2000 se formó una primera comisión que propuso cinco candidatos al cargo. Ninguno obtuvo el número exigido en la votación del Pleno, que se realizó en mayo del 2001. En octubre de ese mismo año se formó una segunda comisión, que presentó a Albán entre los candidatos, pero nuevamente no hubo ganador. En abril del 2002 se repetió la historia, a pesar de contar con el respaldo público de diversos grupos políticos. En marzo del 2005, nuevamente se intentó elegirlo Defensor de Pueblo. Albán obtuvo el respaldo de 64 congresistas. En aquella ocasión los 25 parlamentarios apristas se retiraron del hemiciclo porque no se aprobó el pedido que presentaron para elegir primero a un magistrado del TC. En junio del mismo año ocurrió algo parecido. Tras cuatro frustradas elecciones, Albán declinó la invitación para ser elegido Defensor. Recién a fines de setiembre el Congreso logró un consenso y se eligió a Beatriz Merino, quien asumió el cargo dos meses después y lo cumplió hasta marzo del 2011. En este punto nos encontramos ahora. Nuevamente frente a postergaciones y demoras para nombrar al Defensor del Pueblo. El defensor interino, Eduardo Vega –quien tiene un año y 8 meses en esa condición–, ha solicitado en repetidas ocasiones que el Congreso elija al titular de la Defensoría: "El cargo de Defensor no debe repartirse como un botín político. Debe elegirse a la persona por su capacidad profesional". Los hechos demuestran que para muchos legisladores este cargo solo sirve para lograr mayor influencia o poder político. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DEBE TENER PROBADA TRAYECTORIA DEMOCRÁTICA La Defensoría del Pueblo es una institución cuya misión es proteger a los ciudadanos frente a los excesos o errores que puedan cometer el Estado o las entidades privadas encargadas de los servicios públicos. Los cuatro defensores del Pueblo que hemos tenido desde que esta entidad inició sus funciones, en 1996, además de recibir miles de quejas de la población, han tenido un papel importante en diferentes aspectos, como la supervisión electoral, la solución de conflictos sociales, así como la defensa de los derechos fundamentales y de la democracia. César Bazán, abogado e investigador del Instituto de Defensa Legal, recalca que el perfil del defensor, además de sus cualidades académicas y profesionales, debe incluir una probada trayectoria democrática y de defensa de los derechos humanos. "No puede ser una persona que haya abdicado al poder de turno o avalado posiciones dictatoriales o violaciones de los derechos fundamentales", precisa. Bazán añade que debe ser un abogado que tenga amplios conocimientos de derecho, así como un liderazgo indiscutible. CLAVES Tarea. La Defensoría del Pueblo tiene entre sus tareas recibir denuncias y quejas de los ciudadanos que sientan que sus derechos han sido vulnerados por una entidad del Estado o una emprea que preste servicios públicos. Acciones. En la última década ha seguido los conflictos sociales y promovido mesas de diálogo que ayuden a hallar soluciones. Reportes. Con la información recibida genera informes y recomendaciones que ayuden a tener incidencia en las políticas públicas.
