
En conversación con La República, Gilia Ninfa Gutiérrez, gobernadora de Moquegua, señaló que la Ley N.° 11658, aprobada por el Congreso de la República y que ha generado una crisis limítrofe entre Tacna y Moquegua, responde a intereses económicos de distintos sectores. Gutiérrez también se refirió al historial de disputas en torno al manejo de los recursos naturales de Moquegua.
"Debo decirlo con total contundencia: creo que todos los moqueguanos coincidimos en que detrás de esto existen intereses políticos y económicos vinculados a los recursos naturales que posee Moquegua. Todos sabemos que el mineral se encuentra inclinado hacia Moquegua y no hacia Tacna. Tenemos yacimientos importantes y también el caso de Toquepala, que hace muchos años pasó a Tacna. (...) Hoy ya se habla de una ampliación de Toquepala y estamos convencidos de que esa expansión se desarrollará en territorio moqueguano. Si hoy perdemos ese territorio, cuando esa ampliación se concrete, también perderemos el canon que por derecho nos corresponde. Sí, creemos que existen muchos intereses, pero hoy debemos mirar hacia adelante y plantear soluciones", indicó.
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Gutiérrez sostuvo que una eventual escalada del conflicto social por esta ley debe evitarse a toda costa. En ese sentido, consideró que lo más conveniente es observar la norma y reiniciar la discusión en una mesa técnica con la participación de todas las partes involucradas.
"Nos encontramos frente a un conflicto social que puede escalar en el sur del país. Por eso creemos que el presidente Balcázar tiene la oportunidad de ponerle fin observando esta norma. Con la observación de la ley, Tacna no perderá absolutamente nada y Moquegua tampoco. Luego, como corresponde, deberá convocar a ambas regiones, instalar una mesa técnica liderada por la PCM y definir primero los límites interdepartamentales entre Tacna y Moquegua, que aún no están claramente establecidos. Una vez resuelto ese tema, la región Tacna podrá replantear su ordenamiento territorial interno, algo a lo que tiene pleno derecho".
Asimismo, Gutiérrez recordó que esta ley fue impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Dina Boluarte, específicamente cuando Eduardo Arana encabezaba el gabinete ministerial. Para la gobernadora, la actual mandataria también tiene responsabilidad política en este proceso.
"Creo que, en algún momento, la presidenta Dina Boluarte y sus funcionarios tendrán que rendir cuentas a la población de Moquegua", afirmó.
Gutiérrez también informó que sostuvo una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la cual calificó como positiva.
"El presidente del Congreso nos dijo que el Congreso fue sorprendido por el mal trabajo realizado por la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM. Lo que todos debemos tener claro es que los proyectos de demarcación territorial solo pueden ser impulsados por la Presidencia del Consejo de Ministros. El trabajo técnico lo realiza la Secretaría de Demarcación Territorial", señaló.
La gobernadora agregó que otro aspecto cuestionable del proceso fue que ninguna de las autoridades de las zonas afectadas fue convocada para participar en la elaboración o discusión del proyecto de ley.
"Nunca se convocó al Gobierno Regional de Moquegua, pese a que se estaban modificando los límites entre Tacna y Moquegua. Tampoco se consultó a la comunidad de Quebrada Honda, que es el sector que estaríamos perdiendo. Nunca se realizó una consulta para saber si sus habitantes querían pertenecer a Tacna", manifestó.





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