
El exfiscal José Domingo Pérez planteó en el programa 'Que no se te olvide' que existe una captura de las instituciones encargadas de la administración de justicia, lo que, a su juicio, ha generado una pérdida de independencia y autonomía en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Su tesis central es que esa captura se ha traducido en la reinstalación de funcionarios cuestionados y en procesos que limitan la capacidad de jueces y fiscales para aplicar la ley con independencia.
Durante su intervención ante el periodista Carlos Cornejo, explicó que la combinación de designaciones políticas, cambios institucionales y acciones del Congreso ha favorecido la reaparición o el fortalecimiento de actores con evidentes cuestionamientos, lo que, según él, deja al sistema de justicia vulnerable frente a presiones políticas.
Pérez rememoró su propia trayectoria y señaló que, pese a concursos y sentencias, su actividad fue objeto de campañas y críticas. Más allá del caso personal, apuntó que procesos como la anulación de juicios —en referencia a decisiones que afectaron causas de alto perfil como el proceso del caso Cócteles— muestran la fragilidad de la institucionalidad ante injerencias externas.
En ese terreno, criticó el manejo de algunos organismos de control y la actuación de una parte del poder político que, según su lectura, ha intentado 'repeler' investigaciones contra la élite mediante maniobras de autoprotección e impunidad.
El fiscal describió un fenómeno en el que diversas fuerzas políticas, aun con diferencias ideológicas, actúan de forma convergente cuando se trata de preservar intereses comunes frente a investigaciones que afectan a la élite. Dijo que esa convergencia explica por qué ciertos nombramientos se concretan pese a antecedentes cuestionados.
Sostuvo que la estrategia busca limitar el alcance de la justicia y que, como efecto práctico, se multiplica la sensación de impunidad y se erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de control.
En su diagnóstico incluyó ejemplos concretos: magistrados que fueron sancionados tras decisiones valientes, la aplicación de normas que trasladan casos al fuero militar o policial y la expectativa de que quienes protegen derechos —jueces y fiscales independientes— serán desplazados de sus cargos.
Para el exfiscal, la suma de estas acciones puede derivar en un retroceso de garantías y en un incremento del control institucional por actores afines a intereses políticos, con el riesgo adicional de que expedientes sensibles queden desprotegidos o inaccesibles para una investigación efectiva.
En el cierre de su intervención, llamó a la ciudadanía y a los actores democráticos a estar alertas: aseguró que lo que ocurre en la actualidad es el preludio de un escenario en el que la independencia judicial quedaría seriamente comprometida si no se adoptan medidas de contención política y social.
Recordó, además, que la defensa de la autonomía institucional no es patrimonio de una sola tendencia política y que protegerla es condición para la vigencia de derechos y el Estado de derecho.





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