
El Poder Judicial programó para el 28 de mayo la audiencia que definirá si continúa o no el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará el recurso presentado por el Ministerio Público contra la decisión judicial que archivó el proceso por presunto lavado de activos y organización criminal.
La resolución cuestionada fue emitida en enero de este año por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El despacho aplicó la sentencia del Tribunal Constitucional, que determinó que los aportes de campaña recibidos antes del 2016 no podían ser procesados como lavado de activos. A partir de ese criterio, el juzgado cerró el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular.
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La Fiscalía sostiene que el archivo se dictó de manera irregular. El equipo fiscal considera que la nulidad parcial del proceso devolvió el expediente a una etapa preliminar y que, en ese escenario, corresponde al Ministerio Público decidir si el caso se archiva o continúa bajo otra calificación jurídica.
La audiencia también incluirá el pedido de Mark Vito, exesposo de Fujimori. Su defensa busca que el fallo del Tribunal Constitucional tenga efectos sobre su caso. Actualmente, él sigue procesado porque el juzgado concluyó que las acusaciones en su contra están vinculadas a operaciones inmobiliarias y no al financiamiento de campañas electorales.
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La defensa de Mark Vito presentó una apelación para que el archivo también lo beneficie. El empresario sostiene que las acusaciones formuladas en su contra guardan relación con los mismos hechos atribuidos a la excandidata presidencial.
Sin embargo, el juez Wilson Verástegui estableció diferencias entre ambos casos. En su resolución señaló que las imputaciones contra Vito se relacionan con la presunta compra de bienes inmuebles con dinero ilícito, un hecho distinto del financiamiento político investigado en el caso de Fuerza Popular.
La decisión que adopte la Sala de Apelaciones definirá si Vito continúa procesado por lavado de activos o si recibe el mismo beneficio judicial otorgado anteriormente a Keiko Fujimori.





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