
Conforme avanza el procesamiento de actas, la composición del Congreso bicameral comienza a definirse. El nuevo Legislativo para el periodo 2026-2031 estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Los sueldos se mantienen: cada diputado y senador percibirá una remuneración mensual de S/15.600. Sin embargo, los beneficios económicos para los legisladores no terminan ahí. Entre salarios y bonificaciones, el Congreso desembolsaría aproximadamente S/9’063.000 durante el primer mes de instalación para cubrir pagos destinados a los parlamentarios entrantes.
Los congresistas no solo reciben su remuneración mensual. Existen otros conceptos incluidos en los depósitos que perciben. Uno de ellos es el denominado “gasto de instalación”: al inicio de cada periodo parlamentario, cada legislador recibe un monto adicional equivalente a S/15.600. Este pago se realiza por única vez al inicio del nuevo periodo legislativo; es decir, se efectuaría durante el próximo mes de julio.
Además de ese concepto, cada parlamentario percibe mensualmente más de S/30.000 brutos. Solo por el bono correspondiente a la semana de representación, el pago asciende aproximadamente a S/4.000. A ello se suma la asignación por función congresal —destinada a cubrir gastos de transporte, alimentación y vivienda, entre otros—, que alcanza alrededor de S/12.500 mensuales.
Tomando en cuenta únicamente la remuneración parlamentaria, el bono por semana de representación y la asignación por función congresal, cada legislador podría percibir alrededor de S/32.000 mensuales. En el caso de los 190 integrantes del próximo Congreso, ello representaría un gasto aproximado de S/6’099.000 en un mes regular. En términos anuales, el Parlamento podría destinar alrededor de S/73’188.000 solo al pago de beneficios económicos directos para los congresistas.
Las adquisiciones para los nuevos padres de la patria ya comenzaron. De acuerdo con la información recopilada por La República tras revisar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el Congreso de la República ha convocado diversos concursos públicos con miras a la instalación del próximo Parlamento. Uno de ellos busca garantizar el servicio de telefonía móvil para los congresistas durante los próximos 24 meses.
La convocatoria contempla la adquisición de 190 líneas móviles con planes de datos de 10 gigabytes. Según las bases integradas del proceso, los equipos deberán cumplir con determinadas especificaciones técnicas, entre ellas: procesador MediaTek Dimensity 6400 o superior, 6 GB de memoria RAM, al menos 64 GB de almacenamiento, pantalla de 6,6 pulgadas, batería de 5000 mAh y reconocimiento facial.
De acuerdo con las consultas realizadas por este medio, algunos equipos que cumplen con estas características son el Honor X5c y el Moto G06. El costo de estos dispositivos bajo el plan establecido oscilaría entre S/400 y S/450 por unidad. Una estimación conservadora calcula un desembolso inicial superior a S/70.000 para cubrir este rubro.
Los beneficios no terminan ahí. Cada congresista contará con una cochera para estacionar su vehículo, tanto en el edificio donde funcionará su despacho como en los alrededores de la Plaza Bolívar. Los 190 legisladores tendrán acceso a este beneficio. El Congreso no dispone de playas de estacionamiento propias, por lo que el alquiler de estos espacios forma parte del gasto corriente presupuestado para el Parlamento.
Cabe señalar que estos estacionamientos también están destinados a trabajadores de los despachos congresales. Técnicos, asesores y servidores parlamentarios pueden hacer uso de dichos espacios para sus vehículos.
Otro concurso público busca contratar un paquete integral de pólizas patrimoniales que protegerá los bienes del Congreso durante los próximos dos años. La contratación, financiada también con recursos ordinarios, contempla seguros multirriesgo, contra deshonestidad y robo, vehiculares y de aviación para drones. En conjunto, los bienes a asegurar superan los US$131 millones y se encuentran distribuidos en 20 sedes, principalmente ubicadas en el centro de Lima.
Entre las edificaciones consideradas en la cobertura figuran el Palacio Legislativo y el Museo del Congreso y de la Inquisición. Asimismo, se busca asegurar una flota vehicular valorizada en más de medio millón de dólares, además de bienes culturales y obras de arte tasadas en más de US$6 millones, así como dinero y valores que circulan diariamente en las instalaciones parlamentarias. El contrato tendría una duración aproximada de un año y medio.
Pero un congresista no trabaja solo. Detrás de cada legislador existe un equipo de asesores, técnicos y otros profesionales cuyos salarios también son cubiertos con recursos públicos asignados al Parlamento.
Al inicio de cada periodo parlamentario, la Mesa Directiva aprueba un nuevo módulo de confianza para los despachos congresales. Esto implica definir el organigrama, así como los cargos y remuneraciones del personal asignado a cada oficina parlamentaria. Para el periodo 2021-2026, se aprobó que cada congresista cuente con un asesor principal (asesor I), un asesor secundario (asesor II), dos técnicos, un auxiliar, un asistente y un coordinador parlamentario.
El asesor principal percibe una remuneración de S/10.924; el asesor II, S/8.957; los técnicos, S/6.092; el auxiliar y el asistente, S/2.988 cada uno; y el coordinador parlamentario, S/2.561. En conjunto, el gasto mensual por despacho asciende a S/40.602. Multiplicado por los 190 parlamentarios, el desembolso estimado alcanzaría los S/7.714.380 mensuales y alrededor de S/92.572.560 anuales.
Estos trabajadores están bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Es decir, la estimación realizada no contempla otros pagos adicionales, como gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones y seguros. Incluyendo las gratificaciones, el gasto anual proyectado para el personal de los despachos congresales ascendería a S/108.001.320.
Estas cifras se han calculado tomando como referencia las remuneraciones establecidas para el periodo 2021-2026. Sin embargo, surge la interrogante sobre si estos montos podrían modificarse de cara al periodo 2026-2031. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, señaló que esa posibilidad existe.
“El Parlamento cuenta con autonomía financiera. Siempre dentro de los parámetros y límites presupuestales que tiene el Congreso, equivalentes al 0,6 % del presupuesto nacional”, declaró Cevasco a este medio. De acuerdo al presupuesto total del año fiscal 2026, el Congreso tiene asignado un monto de S/. 1.768.984.816.
La República conversó con Karla Gaviño sobre los gastos que generará el próximo Congreso. Gaviño advirtió que el Estado enfrenta constantemente el riesgo de incurrir en sobrecostos y que el Parlamento no es una excepción a esta situación.
“El uso ineficiente de recursos públicos es un escenario que se presenta con frecuencia a lo largo de la administración pública. Particularmente, atendiendo a los cambios de gestión que se tendrán este año, resultará importante fomentar la meritocracia en el personal técnico dependiente de la Oficialía Mayor y que se encuentra a cargo de los comités especiales, de las gerencias u oficinas de abastecimiento, patrimonial, logística y de las áreas usuarias de los bienes y servicios a ser contratados, manteniendo las contrataciones al margen de la politización”, señaló.
Gaviño indicó que se debe evaluar constantemente la pertinencia de los bienes y beneficios adquiridos para evitar que respondan a privilegios antes que a necesidades urgentes.
“Las características y condiciones de lo solicitado deben responder a un sustento basado en el logro de objetivos funcionales debidamente establecidos, evitando vulnerar el manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos que se promueve a través de los sistemas administrativos del Estado, que incluyen el abastecimiento público —el cual a su vez abarca las contrataciones públicas—, el presupuesto público, el Sistema Nacional de Control, entre otros”, explicó.
Para la especialista, la ciudadanía debe mantenerse alerta frente al uso del presupuesto del próximo Congreso.
“El uso del presupuesto público es consustancial a la rendición de cuentas respecto del mismo, en la forma y oportunidad que establecen las normas de los sistemas correspondientes. Así, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana son elementos inseparables del uso del presupuesto público, como dos caras de una misma moneda, en toda entidad estatal. Ciudadanos que no vigilan el uso del presupuesto público son ciudadanos que permiten que, con sus impuestos y su dinero, se ejecuten gastos mientras mantienen una venda sobre los ojos”, concluyó.





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