Fiscalía llega a la ONPE para recoger información por contrataciones vinculadas a las Elecciones 2026

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción se presentó en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para llevar a cabo una diligencia de exhibición de documentos, con el objetivo de recabar información sobre los nuevos contratos suscritos en el marco de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio Público, los fiscales revisarán los contratos realizados con los proveedores de servicios vinculados a los comicios generales.

La acción fiscal se lleva a cabo junto con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad fiscal forma parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada. La indagación alcanza al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a exfuncionarios del ente judicial como José Samamé y otros implicados.

Fiscalía realiza diligencias en la ONPE

La diligencia de la Fiscalía comenzó con el registro del equipo de fiscales —liderado por el fiscal provincial Reynaldo Abia— en el módulo de admisión de la ONPE.

El fiscal Abia solicitó hablar con el encargado del ente electoral, Bernardo Pachas, y explicó los motivos de la presencia del Ministerio Público en las instalaciones de la ONPE. En su intervención, Abia le comentó a Pachas la importancia de cuidar las instituciones del Estado.

Fiscalía pide 18 meses de impedimento de salida del país para exjefe de la ONPE

Las diligencias se realizaron minutos después de que la Fiscalía informó que el jueves 30 de abril sustentarán el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto.

La solicitud se hace por las investigaciones abiertas contra el exjefe de la ONPE por presuntos actos de corrupción relacionados con la conducción del proceso electoral del 12 de abril.

Según informó el Ministerio Público, la medida también involucra a otros exfuncionarios de la ONPE y a personas vinculadas al proceso electoral, entre ellos José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos son investigados por supuestas irregularidades en el contrato adjudicado a la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material electoral.

La hipótesis fiscal plantea que la selección de dicha empresa habría sido direccionada. Esto, debido a cuestionamientos sobre la evaluación aplicada tanto a Gálaga como a las demás compañías participantes. De acuerdo con los investigadores, los criterios utilizados en el proceso habrían favorecido de manera directa a la empresa adjudicataria.