Bernard Duhaime: “Hay una interferencia en la independencia y la imparcialidad de los jueces”

Bernard Duhaime, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, señala que perseguir a los magistrados que dejan de aplicar normas internas contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, debilita la democracia y el Estado de derecho, y resta credibilidad en el país. Indica que la ONU está observando con mucha atención lo que está pasando en Perú.

-Usted, entre otros expertos de la ONU, expresaron su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional que liberó a Daniel Urresti, condenado por el crimen del periodista Hugo Bustíos, argumentando que no se trató de un crimen de lesa humanidad porque ocurrió antes de que Perú ratificara el Estatuto de Roma, en el 2002. ¿Realmente es así?

Desde hace décadas, este tipo de argumento es utilizado en los procesos judiciales, indicando que previamente a los delitos debe existir una norma expresa sobre crímenes de lesa humanidad para empezar a juzgarlos. En realidad, el Estatuto de Roma, que fue ratificado por Perú, no crea el crimen de lesa humanidad, sino que lo codifica para el propósito de la jurisdicción de la Corte (Penal Internacional), pero el crimen como tal existe desde hace décadas, fue utilizado, incluso, dentro de los procesos penales de Nuremberg (1945-1946), después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces también la defensa sugirió que era necesario que hubiera estado codificado los crímenes de lesa humanidad en la época de los hechos, y la Corte reconoció que ya existía y era parte del derecho internacional consuetudinario, es decir, que era parte de las normas internacionales obligatorias que hay en razón de la existencia de una práctica constante de los Estados, y del reconocimiento general de que esta norma es obligatoria. Entonces, no entiendo por qué argumentan la necesidad de que el Estatuto de Roma se hubiera ratificado antes de que los hechos hubieran ocurrido en Perú.

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-Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió información oficial a Perú sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, la Cancillería envió un informe señalando lo que usted indica, y pese a su recomendación, el Congreso la promulgó ¿qué se puede hacer frente a un Estado que no quiere reconocer su compromiso de respetar sus obligaciones internacionales?

La obligación de juzgar a personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos surgió también de la Convención Americana de los Derechos Humanos (ratificada por el Perú en 1978), y por ello la Comisión Interamericana se pronunció sobre el caso de Hugo Bustíos, que reconocía justamente en este caso la inaplicabilidad de las leyes de amnistía y de otros elementos que habían permitido la impunidad en este caso. Los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad y, de acuerdo, a la práctica de los Estados de las Américas y la doctrina del control de convencionalidad que la Corte Interamericana ha reconocido, incluso, en múltiples casos relativos a Perú, los jueces de Perú tienen la obligación de asegurar el respeto de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

-El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y otros legisladores han amenazado a los jueces que no aplican esta ley, señalando incluso que deben ir a prisión. ¿Estas actitudes indican que hay una interferencia en las decisiones de los magistrados?

Sí, obviamente hay una interferencia en la independencia y la imparcialidad de los jueces, también es un ataque contra los operadores de justicia. Ello crea un efecto de miedo y de autocensura, que es muy peligroso y que el Estado debe, de acuerdo al derecho internacional, prevenir, investigar y sancionar. Entonces, espero que estas amenazas y este hostigamiento sean investigados y sancionados y que las autoridades competentes puedan intervenir para prevenir que se produzcan otros actos de intimidación y de hostigamiento contra los operadores de justicia.

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-¿Es posible hacer esa investigación en un contexto en que el Congreso y el Ministerio Público juega pared con el Ejecutivo, afectando la independencia? ¿No es uno de los primeros pasos de una dictadura?

Bueno, eso es un proceso muy complejo, pero como ustedes saben, en la historia reciente de Perú, no es la primera vez que el Gobierno, a través del Poder Legislativo, trata de impedir que jueces hagan su trabajo y que trata, a través de una ley de amnistía, de interferir en los procesos judiciales. Lo que les describo, pasó en un pasado reciente en Perú y fue denunciado tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana múltiples veces. Entonces, creo que lo que está pasando es un precedente muy peligroso que se debe monitorear con mucha atención y es lo que estamos haciendo desde los procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

-Hasta hace unos años, el gobierno peruano acataba los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no ocurre ahora. ¿Qué implicancias tienen esos retrocesos?

Cuando esas cosas pasan dentro del sistema interamericano, siempre es sinónimo de una debilitación del Estado de derecho en un país y eso afecta la credibilidad de sus instituciones judiciales. ¿Quién tendrá confianza en un sistema judicial que no respeta la Convención Americana y las sentencias de la Corte Interamericana? Como le decía, es un precedente muy peligroso y los otros Estados deberían gestionar a los Estados que no implementan las decisiones de la Corte Interamericana. Y otra vez, en el pasado reciente de Perú, eso también sucedió cuando se rehusó a implementar las recomendaciones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana. Eso debilitó al Estado a nivel multilateral, en sus representaciones en la región, como en las asambleas de la OEA misma y como representante en otras organizaciones a nivel mundial. Y eso no sirve a nadie, pues afecta, incluso, a la cooperación internacional a nivel comercial, como la llegada de posibles inversionistas, etc. Es importante que un Estado respete las normas de derecho internacional y los dictámenes de los tribunales internacionales.

-Hay una decena de proyectos para limitar las atribuciones de los jueces y someterlos a una fiscalización política, como la iniciativa para que no puedan aplicar el control difuso, que están haciendo los magistrados que no aplican las leyes de impunidad. Usted dijo que la ONU está observando la situación de Perú, insisto ¿vamos camino a una dictadura?

Es importante denunciar los intentos de limitar las funciones de jueces y fiscales que son incompatibles con el Estado de derecho y la democracia, y al mismo tiempo se debe exigir transparencia en el funcionamiento del sistema judicial, especialmente sobre su independencia e imparcialidad. Obviamente, los ataques a la independencia del Poder Judicial son elementos muy preocupantes para la democracia. Si se acuerdan, el informe que la Comisión Interamericana hizo el 2000 sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, denunciaba exactamente esta problemática. Después, cuando hubo un cambio de gobierno y la OEA envió una misión especial para monitorear la transición democrática, ésta incorporó en su trabajo gran parte de las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana en cuanto a la independencia del Poder Judicial en el Perú.

-Varias organizaciones han alertado sobre un deterioro de la democracia en Perú ¿Coincide con ellos?

Mi mandato se focaliza sobre la justicia transicional, es decir, sobre las medidas adoptadas por los Estados para asegurar el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Mi mandato no está focalizado sobre el orden democrático, pero, como lo comenté, los indicios que usted mencionó corresponden a los que el informe de la Comisión Interamericana identificó como pasos peligrosos que debilitan el Estado de derecho y la democracia en Perú. Me parece que es una situación que ya hemos visto. Es como una película que se repite y ya hay múltiples recomendaciones y decisiones judiciales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que deberían aplicarse y que pueden servir como guía para regresar a una situación de plena independencia e imparcialidad del sistema judicial.

-Usted visitó el Perú en el 2015 para ver la situación de la búsqueda de los desaparecidos. ¿Se ha avanzado en estos once años en cuanto a la búsqueda de la verdad en el Perú?

Anteriormente pertenecí al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, pero no fui parte de la delegación que visitó Perú en 2015; fueron mis colegas Ariel Dulitzky y Houria Es-Slami. No obstante, adoptamos juntos como Grupo de Trabajo el informe sobre el país que siguió a la vista oficial. El informe identificaba desafíos y problemas, pero también logros y avances. El Perú ha hecho avances importantes en cuanto a la justicia transicional, en particular con la Comisión de la Verdad, al adoptar medidas para impulsar que la verdad sea conocida, incluido lo sucedido con las personas desaparecidas. La situación no es perfecta, pero ha habido avances importantes en este ámbito y es crucial seguir en esa dirección. El Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición como camino para lograr la reconciliación y el desarrollo del país. Es una obligación internacional luchar contra la impunidad. Los logros que Perú ha hecho en este ámbito deben protegerse y el Estado tiene la obligación de seguir en esa dirección y abstenerse de adoptar medidas regresivas como las leyes de amnistía o de prescripción o llevar a cabo acciones que puedan suponer una intimidación a los jueces, incluso a través de medidas administrativas o sanciones. Hay que mirar hacia adelante y seguir protegiendo los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

-Hay candidatos a la Presidencia que ofrecen la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cárcel al estilo Bukele, pena de muerte, e incluso reinstaurar jueces sin rostro y no respetar el debido proceso para los delincuentes. ¿Si gana alguno de ellos, retrocederíamos aún más?

No podemos saber qué ocurrirá en el futuro, pero los funcionarios y los políticos electos tienen que honrar las obligaciones internacionales que ha asumido Perú de luchar contra la impunidad, asegurando que las acciones del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo cumplan con los requisitos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del derecho internacional en general. No es una opción. Entonces, puede ser que haya una narrativa electoral que sugiere otras acciones, pero eso no cambia la realidad de que existe una obligación jurídica de no hacerlas.

-Hace varios años Perú está tratando de ingresar a la OCDE y aparte de los indicadores económicos están el respeto a la democracia y los derechos humanos. Con los desacatos a las sentencias de la Corte Interamericana y los anuncios de salida de su jurisdicción, ¿es realista pensar que podemos entrar?

Obviamente este tipo de retrocesos son indicadores de un debilitamiento institucional. La comunidad internacional no va en esta dirección, sino que, apuesta por la consolidación de las democracias, exigir un aparato judicial imparcial, luchar contra la impunidad, brindar justicia sobre los crímenes de lesa humanidad, etc. No sé cuál será una consecuencia específica en la solicitud de adhesión a una organización internacional, pero algunas propuestas no transmiten un buen mensaje al mundo, incluso a los inversionistas que buscan seguridad jurídica e invertir en un país donde hay independencia e imparcialidad del sistema judicial, que respeta el derecho internacional. Nadie gana a largo plazo cuando al Poder Judicial le falta independencia. Puede satisfacer algunos objetivos a corto plazo a nivel político electoral, pero a medio y largo plazo es un plan con un potencial catastrófico.

-Y al final hay que retroceder, como ya pasó con las leyes de amnistía de 1995, pues tuvieron que dar marcha atrás y se perdió tiempo.

Sí, hay que seguir las decisiones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de las Naciones Unidas y lo que hemos dicho recientemente con nuestro comunicado de prensa con la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, sobre la independencia del Poder Judicial en los casos de justicia transicional. La comunidad internacional está para acompañar a Perú para que siga en la buena dirección y mi equipo está a disposición de Perú para ir en esa dirección. Cuando se discutió la Ley 32107 o “ley de prescripción” en el Tribunal Constitucional como parte del proceso de inconstitucionalidad envié un amicus curiae en enero de 2025. Mi mandato está a la disposición de Perú para seguir con otras iniciativas similares.