
La ONPE entregará las listas de votantes a Fuerza Popular por el supuesto fraude electoral en las elecciones 2021, tras una orden del Poder Judicial. La resolución dispone que se remita la información de la segunda vuelta, pero sin incluir datos sensibles como fotografías, firmas manuscritas ni huellas digitales de los ciudadanos.
La decisión responde a un proceso de habeas data presentado por Fuerza Popular, partido que insistió durante meses en una narrativa de fraude electoral sin pruebas concluyentes. El fallo judicial declara fundada la demanda y establece que la entrega debe realizarse tanto en formato digital como físico, bajo medidas de protección de datos personales.
Según informó la ONPE, las listas de electores contienen nombres completos y números de DNI de los ciudadanos que acudieron a votar. En cada documento también figura el registro de firma y huella que los votantes dejan el día de la elección. Por esa razón, la entidad precisó que aplicará un proceso de anonimización antes de cualquier entrega.
El pedido del partido abarca información de más de 18 millones de peruanos que participaron en la segunda vuelta de las elecciones 2021. En el caso de las copias físicas, se estima que el material supera los dos millones y medio de páginas. El Poder Judicial fijó que el costo de estas reproducciones, que asciende a más de 17 millones de soles, deberá ser asumido por Fuerza Popular.
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El partido Fuerza Popular emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a las condiciones establecidas para acceder a la información de las elecciones 2021. La agrupación calificó como una limitación que los datos entregados por la ONPE excluyan elementos sensibles, como firmas y huellas, pese a que esta medida responde a la Ley de Protección de Datos Personales.
“Después de cinco años, resulta inaceptable que este acceso siga estando limitado”, señala el pronunciamiento difundido el 21 de marzo. En el mismo documento, Fuerza Popular sostiene que se pretende entregar “información parcial”, lo que —según el partido— reduciría la posibilidad de un control ciudadano efectivo sobre los resultados electorales.
El comunicado también cuestiona el costo fijado por el Poder Judicial para la entrega de copias físicas. La organización política afirma que existe una “barrera económica superior a los 17 millones de soles” y añade: “La transparencia no puede tener precio”. No obstante, la resolución judicial establece que dicho monto corresponde a la certificación de millones de páginas solicitadas por el propio partido.





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