El 34% de peruanos piensa que José Balcázar será censurado antes de julio

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), elaborada para La República, destaca que el 34% de peruanos considera que José María Balcázar será censurado antes de julio y se elegirá a un nuevo presidente de transición.

En tanto, el 48% piensa que sí culminará su mandato, mientras que un 17% no sabe/no opina.

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Quienes suponen que Balcázar será censurado al igual que su antecesor José Jerí, en su mayoría tienen entre 18 a 29 años, son mujeres, pertenecen a un sector económico C y D y están poco o nada interesados en política.

Por otro lado, el grupo que sostiene que el mandatario terminará sus funciones en el plazo establecido, son en mayor medida de Lima Metropolitana, hombres, tienen entre 30 a 49 años, son de sector A y B, tienen educación superior y están “muy” o “algo” interesados en política. Además, se identifican ideológicamente con centro o derecha.

Esta percepción tiene como antecedente lo sucedido con José Jerí, quien asumió el cargo el 10 de octubre de 2025, tras la salida de Dina Boluarte, y fue censurado por el Congreso el 17 de febrero de 2026. Solo estuvo 130 días en el poder.

El Congreso aprobó su censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, luego de debatir siete mociones de censura presentadas por diferentes bancadas tras el destape de reuniones con empresarios chinos.

El politólogo y docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, agrega algunos factores que podrían llevar a una eventual censura a Balcázar.

“Debemos considerar los cuestionamientos que se están dando hacia su estado de salud y la excesiva delegación de responsabilidades a la primera ministra, Denisse Miralles. Ello puede reflejar falta de liderazgo”, indicó

A su vez, explica, se han juntado una serie de aspectos que ponen en crisis al país. Tal como la deflagración de gas en Cusco que provocó escasez de GNV, el aumento de criminalidad y el conflicto social en torno a la nueva carretera central.

Sobre el condicionamiento que han puesto los principales partidos para dar el voto de confianza, Mejía consideró que se trata de un “juego político”.

“Es una estrategia que están teniendo varios partidos teniendo en cuenta la cercanía de la primera vuelta. Es un mecanismo para generar presión y para ponerse de lado de la población en mira a los comicios”, dijo.

63% de peruanos desaprueba la gestión de José Balcázar

Un 63% de peruanos desaprueba la gestión de José Balcázar. El rechazo viene mayormente de ciudadanos de Lima Metropolitana, el sur del país, tienen educación superior, están “muy interesados” en política y pertenecen al sector económico A, B y C.

Tan solo un 13% aprueba el gobierno de Balcázar. Quienes lo hacen se identifican con una ideología de izquierda, tienen educación básica, son del sector D/E y son hombres.

Un 24% no sabe/no opina sobre este tema. En su mayoría, presentan educación básica, están “poco o nada interesados” en política, provienen del norte del país y son de sectores C y D.

90% desaprueba al Congreso

La percepción del Congreso no dista de la del jefe de Estado. El 90% de encuestados desaprueba al actual Legislativo y solo el 6% lo aprueba.

Dicha imagen se ha mantenido desde agosto 2021, fecha en la que presentaban un rechazo del 61%. Conforme avanzaron los meses y los años, esa desaprobación se ha mantenido siempre en 90% o cifras superiores a ello.

Leyes que han generado el rechazo ante el Congreso

La constante imagen negativa que ha mantenido el Parlamento responde al rechazo que han recibido diversas normas aprobadas.

Uno de los casos más polémicos fue la aprobación de la llamada ley de amnistía para militares y policías vinculados a procesos por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. La norma busca otorgar beneficios legales a miembros de las fuerzas del orden investigados por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Organismos de derechos humanos han advertido que esta legislación podría favorecer la impunidad en casos de graves violaciones.

Otra norma que provocó críticas es la modificación de la ley que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual amplía las facultades del Estado para supervisar el financiamiento y las actividades de organizaciones no gubernamentales. Diversos colectivos sostienen que esta medida podría restringir el trabajo de ONG que litigan casos contra el Estado o que reciben cooperación internacional para la defensa de derechos humanos y ambientales.

A esto se le suma la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado, que introduce cambios en los plazos y procedimientos de investigación fiscal. Diversos operadores del sistema judicial han advertido que estas modificaciones podrían dificultar investigaciones complejas contra redes criminales.

Asimismo, el Parlamento aprobó cambios en la normativa que regula la figura de la colaboración eficaz, mecanismo clave utilizado por el Ministerio Público del Perú para desarticular organizaciones criminales y casos de corrupción de alto nivel. Fiscales y analistas han señalado que los nuevos requisitos podrían limitar el uso de esta herramienta.

Otra decisión polémica fue el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, lo que generó críticas de especialistas que consideran que podría convertirse en un mecanismo de protección política frente a investigaciones judiciales.