
José Jerí dejó la Presidencia tras ser censurado por el Congreso, pero las investigaciones en su contra por las contrataciones de personas allegadas y las reuniones clandestinas con empresarios chinos continúan. Ayer, miércoles 18 de febrero, dos diligencias fiscales se realizaron en Palacio de Gobierno en medio de la expectativa por la elección del nuevo presidente.
Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal adjunto supremo Ramón Flores Ñañez, quien, junto con los fiscales José Fustamante Rafael y Ana Manrique Farfán, ingresó acompañado por agentes de la Dirección contra la Corrupción de la PNP.
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En una primera intervención, ingresaron a las 08:48 a. m. y permanecieron hasta las 11:04 a. m. Durante ese tiempo estuvieron en la Oficina de Asesoría Jurídica para recabar información sobre los contratos y las designaciones realizadas en el Despacho Presidencial. Ellos solicitaron la lista completa de las personas que fueron contratadas en el despacho presidencial desde el pasado 10 de octubre. De igual forma, solicitaron la modalidad de contratación de cada designación y los requisitos que deben cumplir los profesionales para ser idóneos en el cargo.
La segunda diligencia, realizada en horas de la tarde, se centró en el requerimiento de los registros de videovigilancia en puntos estratégicos de la sede del Ejecutivo: los accesos de ingreso a Palacio, el área de la Presidencia y los accesos al despacho de Jerí.
Créditos: Marcia Chahu / URPI - LR
Horas antes de la diligencia fiscal, Tomás Gálvez, adelantó el último martes 17 de febrero que, tras la salida de José Jerí de la Presidencia, ahora se pueden realizar diligencias como allanamientos e incluso solicitar impedimento de salida del país que ayudarán a fortalecer la investigación que afronta el saliente presidente por el presunto delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
"José Jerí sigue siendo congresista y mantiene la prerrogativa del antejuicio, por lo que tampoco se puede exceder la investigación", dijo Gálvez, quien mencionó, además, que que "a partir de ahora se debe redefinir la estrategia de investigación y disponer las diligencias necesarias para esclarecer los hechos", en relación al levantamiento de las comunicaciones.
Actualmente, José Jerí deberá rendir cuentas por las visitas de mujeres al Despacho Presidencial que posteriormente fueron designadas en Palacio de Gobierno, así como por los viajes que realizó con dichas trabajadoras. Además, deberá afrontar la investigación por sus reuniones con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
En medio del futuro que le espera a Jerí, el congresista Segundo Montalvo pidió a Tomás Gálvez la reactivación de la denuncia por presunta violación sexual.
La solicitud incluye revisar el archivo del caso ocurrido en 2024 y ampliar las diligencias por hechos recientes que, según el parlamentario, guardan relación con la conducta del saliente presidente.
Asimismo, se conoció que Marco Cardoza, amigo de Jerí y también investigado en el proceso, presentó una solicitud para que el mandatario sea sometido a una prueba de tumescencia peneana (TPN), examen médico que evalúa la respuesta fisiológica ante determinados estímulos.
En el documento, Montalvo sostiene que la investigación por la presunta agresión sexual en Canta se archivó sin haberse completado todas las pericias. Sin embargo, Gálvez afirmó que el escrito atribuido a la abogada Zulma Nilda Machaca Cervantes es falso y que la firma de Cardoza Hurtado habría sido falsificada.
"Hemos remitido el caso a la fiscalía de turno para que se investigue por presunta falsedad documental (…) El polo al que se hace referencia nunca estuvo bajo cadena de custodia ni formó parte formal del expediente fiscal. Solo aparece mencionado en el atestado policial. Por tanto, no constituía un elemento probatorio dentro de la carpeta fiscal", dijo el fiscal de la Nación interino.





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