Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el Pacto Ético Electoral como un compromiso político orientado a una campaña sin violencia, sin desinformación y con respeto a los resultados oficiales. El documento fue suscrito de manera voluntaria por 29 organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales de 2026.

Cuatro agrupaciones optaron por no firmar el pacto. Se trata de Renovación Popular, cuyo candidato es Rafael López Aliaga; Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón se encuentra prófugo; y la alianza Fuerza y Libertad, que postula a Fiorella Molinelli.

Tampoco suscribió el documento la candidata Rosario Fernández, de Un Camino Diferente, quien asistió al evento pero se retiró sin firmar. Al momento de su intervención, la hermana del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, afirmó que “la ética se practica más que se firma”, tras lo cual abandonó la ceremonia.

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El antecedente del fraude

El post-evento estuvo atravesado por reproches y referencias a procesos electorales anteriores. En particular, el discurso de fraude denunciado tras las elecciones de 2021 fue mencionado de forma reiterada por distintos candidatos, como un antecedente que aún genera desconfianza en el sistema electoral.

Keiko Fujimori y Miguel Torres, de Fuerza Popular, sí firmaron el pacto, pese a que su partido denunció un fraude electoral en 2021 -tras haber firmado el pacto correspondiente a dicho proceso- que no logró ser acreditado en ninguna instancia nacional ni internacional. Para otros candidatos presentes, esa firma no resuelve el antecedente.

“No es la primera vez que se firma un pacto que luego no se cumple”, fue una de las frases que se repitió durante la jornada entre los asistentes.

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Mario Vizcarra sostuvo que el fujimorismo tampoco reconoció los resultados del 2016, que dieron como ganador a Pedro Pablo Kuczynski. Además, señaló que sectores que hoy invocan la ética democrática fueron parte de lo que denominó un “pacto mafioso” en el Congreso.

También recordó que el Parlamento no se pronunció contra las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. “Más de 50 fallecidos y silencio absoluto”, afirmó.

Vizcarra puso además en duda la coherencia entre los altos niveles de desaprobación ciudadana que, según encuestas, registran figuras como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, y su posicionamiento electoral. “No se puede tener 90 % de rechazo y aparecer como favorito. Eso no cuadra”, sostuvo.

Compromisos, ausencias y contradicciones

José Luna defendió la firma del pacto como parte de las reglas democráticas, aunque reconoció que su cumplimiento dependerá de la vigilancia ciudadana. Sobre la ausencia de Rafael López Aliaga, afirmó que podría responder a una estrategia para no asumir compromisos en una campaña en que, dijo, ya se muestra agresivo.

En ese contexto, Luna se comprometió públicamente a cumplir uno de los puntos del pacto: retirar la publicidad electoral ubicada en espacios públicos en un plazo máximo de 45 días después de las elecciones. “Esta vez sí lo vamos a hacer”, aseguró, cuando se le recordó que aún tiene pintas de procesos anteriores.

Un reciente monitoreo de La República detectó que Podemos Perú figura entre los partidos con mayor presencia de publicidad política en espacios públicos sin autorización, solo por detrás de Renovación Popular y Alianza para el Progreso, liderada por César Acuña.

Vizcarra, por su parte, sostuvo que la decisión de López Aliaga de no firmar el pacto fue “lo más coherente que ha hecho en su vida”, al considerar su campaña de ataques políticos.

Consultado también por la aparente contradicción entre su anuncio de un eventual indulto a Pedro Castillo y el voto de su bancada a favor de la inhabilitación del exmandatario, Luna respondió que aquella decisión se tomó en un contexto de defensa institucional del Congreso y no como una postura personal.

Cruces y advertencias

Desde Progresemos, Paul Jaimes denunció irregularidades en el registro de su símbolo electoral y advirtió que el inicio de la campaña ya da señales de confrontación. “Esto va a ser una campaña de cuchillos largos”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de otros candidatos y denunció presuntas infracciones a la normativa electoral, como la presencia de actividades proselitistas en universidades públicas, lo que —según dijo— debería ser sancionado por el JNE.

Francisco Diez Canseco, de Perú Acción, firmó el pacto pero rechazó la legitimidad del Tribunal de Honor contemplado en el documento. Calificó a ese órgano como “sesgado y caviar” y sostuvo que, si existieran cuestionamientos al proceso electoral, su agrupación no descartaría protestas.

Consultado sobre si reconocería los resultados electorales, Diez Canseco respondió que solo lo haría si el proceso es “impecable”. Afirmó que en la victoria de Castillo aún “hay graves acusaciones de fraude” y que ese debate sigue abierto, por lo que en un eventual gobierno suyo prometió investigar el hecho. Al recordarle que el Congreso ya hizo ello y no tuvo resultados, respondió: “¿Usted cree en este Congreso?”.

Financiamiento y desconfianza

Desde el Partido Verde, Alex Gonzales saludó la iniciativa del JNE, pero advirtió sobre el gasto excesivo en publicidad electoral. Sostuvo que campañas millonarias podrían tener origen en corrupción o financiamiento ilícito y pidió al sistema electoral una fiscalización más rigurosa.

También cuestionó la ausencia de López Aliaga y señaló que quienes no firmaron el pacto “no pueden exigir luego su cumplimiento”. “Es fácil lavarse las manos”, dijo.

El Pacto Ético Electoral incluye compromisos generales sobre respeto a la democracia, rechazo a la violencia, transparencia en el financiamiento y uso responsable de tecnologías como la inteligencia artificial. Sin embargo, para varios de los actores presentes, el documento representa más una declaración de intenciones que una garantía efectiva.

La jornada dejó una imagen clara del escenario político rumbo a 2026: compromisos firmados con reservas, desconfianzas persistentes y una campaña que, a menos de un año de las elecciones, ya exhibe tensiones que el pacto, por ahora, no logra disipar.