Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

La Defensoría del Pueblo ingresó a un proceso de revisión extraordinaria luego de que el Subcomité de Acreditación de la La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) advirtiera posibles afectaciones a su independencia, falta de transparencia y ausencia de respuesta frente a denuncias enviadas por la CNDDHH. El mecanismo fue activado tras meses en los que el despacho de Josué Gutiérrez no presentó descargos ni información solicitada, lo que generó preocupación internacional sobre la capacidad del organismo para actuar con autonomía.

Las comunicaciones remitidas por la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) detallaron presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Defensoría, incluyendo restricciones para acceder a archivos históricos, decisiones cuestionadas en la gestión interna y un clima institucional deteriorado.

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“El 1 de septiembre de 2025, la Secretaría del SCA recibió información de terceros procedente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú", indican. El SCA evaluó la documentación, verificó la falta absoluta de respuesta de la entidad y concluyó que era necesario iniciar una revisión especial, un mecanismo reservado para casos graves.

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La GANHRI aplicó este procedimiento de manera excepcional, pues solo lo activa cuando considera que una institución nacional de derechos humanos podría estar incumpliendo los Principios de París. En este caso, la preocupación internacional se centra en la aparente falta de independencia del defensor Josué Gutiérrez, la débil actuación frente a denuncias de violaciones de derechos humanos y la posible interferencia política en decisiones claves del organismo.

El examen internacional será realizado en 2026 y determinará si la Defensoría del Pueblo mantiene la categoría A, un estatus que le permite participar activamente en instancias de Naciones Unidas. Perder dicha clasificación afectaría su representatividad y enviaría una señal de retroceso institucional en el Perú en un contexto marcado por tensiones políticas y denuncias de vulneración de derechos.

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GANHRI cuestiona el silencio institucional y alerta sobre retrocesos internos

El Subcomité de Acreditación de la GANHRI fundamenta la revisión especial en dos factores: la gravedad de las denuncias presentadas por la sociedad civil y el silencio absoluto de la Defensoría del Pueblo frente a los pedidos formales de información. El informe señala que la oficina de Josué Gutiérrez no respondió a ninguno de los correos enviados por el SCA desde septiembre de 2025, lo que elevó la preocupación sobre su comportamiento institucional.

Las alertas de la Cnddhh mencionan presunta falta de transparencia en procesos clave, como la gestión interna de personal y restricciones en el acceso a documentos de derechos humanos. También se advierte un debilitamiento del rol supervisor de la Defensoría frente a situaciones de violación grave, así como un deterioro de las condiciones laborales dentro del organismo, lo que afecta su capacidad de incidencia.

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Para la GANHRI, estos indicadores comprometen la credibilidad defensorial y ponen en duda su independencia en un momento en el que se exige vigilancia activa sobre el Estado. Por ello, el SCA decidió convocar una evaluación prioritaria en 2026, con el fin de determinar si el organismo sigue cumpliendo estándares internacionales en materia de autonomía, transparencia y defensa de la población.

“El SCA está especialmente preocupado por las denuncias relativas a la capacidad de la DPP para desempeñar su mandato de manera eficiente, su independencia y credibilidad percibidas”, señala el oficio.