
Este jueves 4 de diciembre, durante la lectura de sentencia, el Poder Judicial determinó que el anuncio de cierre del Congreso del 7 de diciembre de 2022 no constituyó rebelión y confirmó que la responsabilidad penal de Pedro Castillo corresponde únicamente al delito de conspiración.
En su resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta al exmandatario por 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para que no pueda ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo, el PJ dejó sin efecto las acusaciones más severas que se le atribuían como golpe de estado y abuso de autoridad por los que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 34 años de prisión.
El tribunal concluyó que, aunque existió un anuncio de disolución del Parlamento y de intervención del sistema de justicia, no se configuró una rebelión, entendida como un alzamiento armado o un desconocimiento efectivo del orden constitucional, ya que las fuerzas del orden no acataron las órdenes y no hubo una interrupción del régimen institucional.
El tribunal liderado por la jueza Norma Carbajal concluyó que, aunque hubo un anuncio de disolución del Congreso de la República, no se configuró el delito de rebelión entendida como un alzamiento armado o desconocimiento del orden constitucional, ya que las fuerzas del orden no obedecieron al mandato de Castillo por lo que no hubo interrupción del orden institucional.
Durante la lectura de su fallo, Pedro Castillo cuestionó la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que el 4 de diciembre ratificó su condena de 11 años y 5 meses por conspiración para la rebelión. En esta última audiencia, el exmandatario volvió a denunciar irregularidades en el proceso y afirmó que la Fiscalía no logró sustentar los cargos más graves que se le imputaban.
"En una de las audiencias mencioné que la provisionalidad en el país es sinónimo de injusticia. Esta es la última audiencia, para mí es un honor haberlos conocido como magistrados. Todos los días se ha leído un artículo del Código Penal por la cual se quiso demostrar lo que el 7 de diciembre de 2022 se quería decir al país que sucedió con Pedro Castillo", sostuvo.
"Rebelión, abuso de autoridad no se ha podido confirmar. Su veredicto es por otro caso inclusive no poniéndose de acuerdo, el Perú sabe lo que está pasando. Es una barbaridad jurídica", agregó.
El Pleno del Congreso no logró los 68 votos requeridos para inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Aunque las bancadas de Fuerza Popular, APP, Avanza País y Renovación Popular apoyaron la medida, el resultado fue insuficiente: en el caso de Castillo, 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones; y en el de Chávez, 54 a favor, 22 en contra y 4 abstenciones.
De esta manera, el Pleno no ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), previamente respaldado por la Comisión Permanente, que reunía las denuncias constitucionales 547 y 575 impulsadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).

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