
El expresidente Pedro Castillo aprovechó su intervención en la última audiencia judicial antes de la lectura de su sentencia para lanzar una grave acusación contra la exjefa del Parlamento, Maricarmen Alva, quien no demoró en usar su cuenta de X para negar lo dicho por el exmandatario y anunciar que presentará una querella.
Castillo aseguró que la congresista condicionó su apoyo para que culminara su mandato a la entrega de dos ministerios. Según el exmandatario, la petición se hizo en un viaje en helicóptero a la 'Ciudad del Bicentenario' en Ancón, donde Alva supuestamente le dijo: "Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026".
El exmandatario continúa su relato indicando que pensó que se trataba de una broma, por lo que le respondió: "¿Cuándo iremos a Contumazá? (ciudad de Cajamarca)", pero Alva le ratificó que su pedido era en serio: "Me vas a dar o no me vas a dar. Tienes que compartir el Gobierno".
Este habría sido uno de los motivos por el cual terminaron vacándolo y colocando a Dina Boluarte, según el propio Castillo. "Yo no me sometí a eso", indicó. Asimismo, agregó que al final, Alva concluyó diciéndole: "Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no me toques a los agroexportadores de Ica porque ahí trabaja mi marido".
Por su parte, la congresista Maricarmen Alva negó que la conversación haya existido y calificó como una "canallada" la acusación. Según refirió, ha iniciado una querella por difamación contra el expresidente Pedro Castillo.
"Jamás hubo tal conversación. Yo jamás negocié ni tuve trato alguno con quien atentó contra el país. Siempre fui considerada enemiga porque defendí la democracia desde el primer día. Su mentira es desesperación pura", añadió.
El principal proceso judicial que ha llevado a Castillo a la antesala de una lectura de sentencia está centrado en el presunto delito de rebelión, tipificado en el Código Penal. Esta acusación surge directamente del mensaje a la nación emitido el 7 de diciembre de 2022, donde el entonces mandatario anunció la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la instauración de un "gobierno de excepción" y la reorganización de diversas instituciones.
Para la Fiscalía, este acto configuró un intento de autogolpe de Estado, por el cual también se le imputan los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Más allá de este proceso por el quiebre institucional, Castillo también es investigado en otros expedientes por graves casos de corrupción supuestamente ocurridos durante sus 18 meses de gestión. La Fiscalía sostiene la tesis de que el exmandatario lideró una organización criminal enquistada en el aparato estatal.
Estas indagatorias abarcan presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada relacionados con licitaciones de obras públicas, como el caso del Puente Tarata III, las supuestas irregularidades en la compra de biodiésel en Petroperú, y los presuntos favores en ascensos militares y policiales.
Si bien la fase de juicio oral actual se enfoca en el caso de rebelión, la conclusión de este proceso abriría el camino para que el expresidente enfrente las demás acusaciones por corrupción, las cuales involucran a su entorno familiar, exministros y colaboradores cercanos.

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