
La congresista Ana Zegarra, representante de Loreto por Somos Perú, fue denunciada por presuntamente integrar una organización criminal junto con el gobernador Jorge René Chávez Silvano. De acuerdo con la acusación, ambos habrían actuado en conjunto para direccionar millonarios contratos públicos a favor de una empresa vinculada a la familia de la parlamentaria.
Según el documento, la legisladora habría usado su posición en el Congreso para gestionar presupuesto ante el Poder Ejecutivo y asegurar fondos para el Gobierno Regional de Loreto. A cambio, su hermana Lucienne Zegarra Flores recibió contratos de servicio por más de cinco millones de soles a través de su empresa Servicios Multimodal Santa Lucía E.I.R.L.
Denuncia contra la congresista Ana Zegarra. Foto: La República
La denuncia detalla que estos acuerdos se concretaron desde el inicio de la gestión de Jorge Chávez, en enero de 2023, hasta octubre de 2024. Los servicios contratados incluyen transporte, mensajería y distribución de insumos médicos para la Gerencia Regional de Salud de Loreto (GERESA).
Además, se señala que la relación entre ambos funcionarios no solo es política, sino también personal. En diciembre de 2024, el gobernador Chávez Silvano fue padrino del matrimonio religioso de la congresista Zegarra, lo que —según la denuncia— consolidó un vínculo que luego habría derivado en beneficios económicos.
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La denuncia incluye un listado de 18 contratos otorgados por el Gobierno Regional de Loreto a la empresa Servicios Multimodal Santa Lucía E.I.R.L., propiedad de la hermana de la parlamentaria Ana Zegarra. Estas contrataciones, registradas en el portal del OSCE, suman S/5.855.605,18 e involucran servicios de transporte de medicamentos, mensajería y distribución de material médico.
Los documentos revisados indican que los acuerdos fueron firmados entre mayo de 2023 y octubre de 2024, todos bajo la gestión de Jorge René Chávez Silvano. Entre los beneficiarios figura el Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas y la GERESA-Loreto.
De acuerdo con la denuncia, la empresa de la familia Zegarra habría actuado como fachada para canalizar recursos públicos hacia intereses privados. La propia congresista habría reconocido, en su declaración jurada de intereses, el vínculo familiar con la propietaria de la compañía.
La acusación también menciona que, en junio de 2025, Ana Zegarra visitó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar presupuesto destinado a proyectos de inversión del Gobierno Regional de Loreto. Según la denuncia, estas gestiones no respondían a su función fiscalizadora, sino que buscaban asegurar más recursos para las áreas donde su hermana mantenía contratos vigentes.
En julio del mismo año, la congresista difundió en sus redes sociales actividades de representación en la GERESA-Loreto, donde se reunió con autoridades del sector salud. Sin embargo, el documento sugiere que dichas reuniones habrían servido para proteger los intereses de su entorno familiar en esa institución.
De comprobarse los hechos, Zegarra Saboya podría enfrentar investigaciones por presunto tráfico de influencias, colusión y conflicto de intereses.

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