
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, no descarta la posibilidad de renunciar al Ministerio Público, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó el archivo del caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Durante una entrevista para Hildebrandt en sus Trece, Pérez Gómez consideró que, tras el fallo del TC, se tomaron en cuenta razones políticas y no jurídicas. Además, aseguró que "el ataque va a continuar" por parte de diversas autoridades políticas.
"Bueno, la posibilidad está latente porque si va a haber actos de acoso, hostigamiento, más allá de lo que haga la pestilencia en el centro de trabajo, en mi casa, lo hace la propia institución a través de esta persecución que ya la señora Fujimori lo anunció. La señora Fujimori el día de hoy ha anunciado, va a haber persecución para los fiscales que han conocido este caso y el Congreso de la República ya tiene una comisión", comentó.
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Al ser consultado sobre una posible denuncia de Fuerza Popular en su contra, el fiscal indicó que "eso proviene siempre de organizaciones delictivas que son investigadas, de buscar afectar siempre a los fiscales que realizan su labor".
"A mí no me llama la atención de que se amenace en ese orden (…) Bueno, creo que queda claro de que lo que siempre he venido afirmando, de que se estaba tratando de buscar algún tipo de instrumentalización en la justicia constitucional, se ha dado finalmente", dijo.
"Parece que esta gente no entiende que no estamos en los años 90. Hay una separación de poderes", dijo Pérez Gómez. No obstante, el periodista le refutó: "¿Está usted seguro que no estamos en los años 90?" "Bueno, aún sigo en la Fiscalía. Si tengo que salir de la Fiscalía por la prepotencia de estas personas, seguramente ya se consumó lo que usted había indicado hace unos instantes del golpe de Estado", dijo.
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El último lunes 20 de octubre, el TC ordenó archivar la investigación conocida como "Caso Cócteles", que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a otras 14 personas, acusadas de presunto lavado de activos y organización criminal. Según la decisión de cinco magistrados del TC, las acusaciones relacionadas con los aportes a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 carecían de sustento jurídico.
Según se indica en la resolución del máximo ente intérprete de la Constitución Política, el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial fue incorporado al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016 mediante la Ley 27765. Esto significa que los presuntos delitos atribuidos a Keiko Fujimori se habrían cometido antes de la entrada en vigor de dicha ley.

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