Ayer, 15 de octubre, durante una protesta contra el gobierno de José Jeri y el Congreso, Eduardo Ruiz Sanz, un joven de 32 años, fue asesinado por el suboficial de tercera Luis Magallanes, vestido de civil, mientras descansaba en la Plaza Francia, en el centro de Lima. Así lo confirmo el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.
El acta de levantamiento del cadáver de Mauricio Ruiz, obtenida por este medio, revela que dos policías estuvieron presentes durante la necropsia. De acuerdo al abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, no es un hecho habitual que los efectivos asistan a estos procedimientos.
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"Por disposición fiscal, se procederá a realizar la necropsia de ley debido a la muerte violenta. Asimismo, se deja constancia de que se ordena la toma de otras muestras biológicas, entre ellas, durante el acto de la necropsia. De igual forma, se deja constancia de la presencia de la capitana PNP Carrazcal, perito bióloga forense, y el PNP Navarro, perito balístico, quienes no realizaron la toma de las muestras correspondientes por disposición fiscal, ya que estas se efectuarán en el momento de la necropsia", señala el acta.
El documento, firmado por el médico legista y los agentes de la Policía Nacional, confirma que la causa de muerte fue un impacto de bala en la zona toráxica. "Herida penetrante en torax por proyetil de arma de fuego".
De acuerdo con el acta, el levantamiento del cadáver de Ruiz Sanz se realizó alrededor de las 4:12 a.m. del 16 de octubre. Según el abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, denunció horas antes dos generales de la PNP intentaron llevarse el cuerpo a sus instalaciones, a pesar de que los exámenes forenses podían realizarse en el hospital.
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Asimismo, sostuvo que, durante las diligencias para determinar la causa de la muerte, los generales intentaron apoderarse del caso para manipular la verdad y acomodar la investigación a sus propios intereses
"Jamás había visto que dos generales, con una actitud desmesurada, intentaron llevarse el cuerpo sin el consentimiento de los familiares, tratando de asumir la competencia de la investigación y modificando la versión oficial a su conveniencia", señaló el abogado a La República.
A pesar de la presión, el fiscal se mantuvo firme y reiteró que la investigación debería continuar bajo su supervisión en la sede fiscal, sin que la policía interfiriera.

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