
La presidenta de la República, Dina Boluarte, vuelve a estar en el medio del descontento ciudadano. Esta vez es debido a sus declaraciones en medio de la alta ola de inseguridad y el paro de transportistas en Lima y Callao. Durante una actividad oficial en Chorrillos, la jefa de Estado minimizó las manifestaciones y propuso, como medida para combatir la inseguridad ciudadana, no abrir los mensajes y llamadas que envían los extorsionadores.
"Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar. (…) Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular; contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan", indicó en la mañana de este 6 de octubre.
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En ese contexto, en comunicación con La República, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, aseguró que las declaraciones de la mandataria dejan una "completa indolencia y falta de capacidad para ejercer el liderazgo" en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, resaltó que, por su respuesta en medio de la crisis de inseguridad, Boluarte "desconoce que ella es la que conduce las Fuerzas Policiales del país".
"(Boluarte) tiene bajo su responsabilidad todos los ministerios que tienen que velar por la seguridad del país. En lugar de asumir la responsabilidad como jefa de Estado, le traslada la responsabilidad a ciudadanía que está amenazada. Eso es quitarle el cuerpo a su responsabilidad y entregarle la responsabilidad del control de las extorsiones, bajo el criterio telefónico, a la ciudadanía, eso es inaceptable", aseveró.
Al ser consultado si el Gobierno está preparado para luchar contra la delincuencia, Valdés afirmó que desde el Ejecutivo "desconocen por completo cómo tratar el tema de la inseguridad. A ella (Boluarte) se le olvida que está hablando como presidenta de la República y no como una tía cercana a la familia que está aconsejándole a su sobrino que hacer".
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Sin embargo, el exviceministro detalló algunas medidas que la presidenta debió haber anunciado, como la inversión de dinero en un sistema de big data para tener información detallada de primera mano para luchar contra las extorsiones. "Con la finalidad de cruzar información y precisar de qué números celulares, zonas del país se han producido las llamadas extorsivas, en qué horarios, tipos de extorsión y tener un modelo claro de a qué cuentas se depositó el dinero, que mecanismo emplearon, cuentas, billeteras electrónicas y generar mecanismo legales que le permita al sector financiero entregar información, sin perjudicar el secreto bancario para tener información de primera mano para la PNP", precisó.
"Lo que desconoce la señora presidenta es que más del 50% de mensajes extorsivos no son por llamadas telefónicas, son por redes sociales y otros mecanismos que son manejados por empresas fueras del país. (…) Eso no tiene nada que ver con contestar las llamadas telefónicas porque va a llegar el mensaje igual. (…) Está perdida en el espacio y, junto con ella, el ministro del Interior y el Comandante General de la PNP", acotó.
En horas de la mañana, la presidenta anunció que, entre abril y octubre de este año, se bloqueó 1.5 millones de celulares no registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Esto se dio como una medida contra las extorsiones en el país.
Al ser consultado si dicha acción funciona en la lucha contra la inseguridad, el exviceministro Valdés aseguró que "sí funciona, pero no se puede manejar las extorsiones con eso. Ellos están manejando eso apagando el teléfono que fue adquirido después de haber sido robado. Ese es otro rubro de la inseguridad".
"O sea, si yo tengo un promedio de 4.500 celulares robados al día en este país, se tiene que identificar cuáles han sido estos IMEI que han sido robados. Lo que le corresponde a OSIPTEL es darlos de baja para que esos teléfonos no sirvan, así se desincentiva el robo de celulares, eso no tiene nada que ver con la extorsión, o en todo caso, es parte, pero eso no es el tema", explicó.
En diálogo con La República, el profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, mostró su preocupación por las declaraciones de la presidenta Boluarte y calificó su gestión como un "Gobierno a la deriva".
"(Boluarte) asume un rol de sobrevivencia hasta las elecciones del 2026… no se pueden esperar reacciones positivas de una administración que siempre ha respondido a los problemas como la inseguridad o la extorsión de manera reactiva y cortoplacista, en lugar de tener una estrategia de prevención y medidas sostenidas en el tiempo", expresó.
"Si seguimos en este camino, la crisis política y social puede derivar en un nuevo estallido social. Vivimos en un riesgo constante de quiebre democrático, causado por una clase política que prioriza intereses particulares y de grupos de presión, antes que las demandas de las mayorías. Un Gobierno con un estilo autoritario y lejano de la población, que se ha afianzado con una coalición de bancadas que actúan por encima de la institucionalidad", acotó.
Por su parte, la politóloga Katherine Zegarra calificó las declaraciones de Boluarte como una "indolencia" e indicó que "la presidenta parece que no supiera la gravedad del asunto". Asimismo, enfatizó que "es una burla para los transportistas y una demostración de que (Boluarte) no está conectada con la realidad peruana".
"No están siendo escuchados los reclamos de los transportistas. Creo que su reclamo es bastante básico en un Estado de derecho mínimo: que no los maten. Sin embargo, los comentarios del ministro del Interior y de la misma presidenta demuestra que no es parte de sus preocupaciones. Parece que no hay una preocupación institucional de proteger la vida de los ciudadanos", expresó.
(¿Cómo impacta la indiferencia de las autoridades ante la ciudadanía?) Lo impacta de diferentes maneras. Por un lado, está el hecho que el Estado ya no cumple su rol esencial que es la seguridad. En ese sentido, la ciudadanía va pensando que el Estado no sirve ni para eso y se vuelve una especie de ley de la selva, donde el más fuerte sobrevive. Yo creo que la ciudadanía puede pensar en 'si el Estado no me protege, yo misma me voy a proteger'", agregó.

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