
Este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, se cumple un paro de 24 horas convocado por los gremios de transporte como protesta por el asesinato reciente de un conductor de la línea conocida como 'Triangulito' y por la escalada de extorsiones contra choferes y empresas del sector. La medida ha paralizado en gran medida el servicio urbano.
Frente al paro, Alejandro Mejía advierte que podría ser apenas el inicio de algo más grave. "Si seguimos en este camino, la crisis política y social puede derivar en un nuevo estallido social. Vivimos en un riesgo constante de quiebre democrático, causado por una clase política que prioriza intereses particulares y de grupos de presión, antes que las demandas de las mayorías… un gobierno con un estilo autoritario y lejano de la población, que se ha afianzado con una coalición de bancadas que actúan por encima de la institucionalidad", puntualizó.
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Ante este escenario, la presidenta Dina Boluarte se pronunció en un acto oficial y trató de minimizar el carácter de la protesta. La mandataria afirmó que “un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado”, y pidió a los transportistas no abrir mensajes sospechosos ni responder llamadas desconocidas con promesas engañosas, como una forma de cuidar frente a la ola de extorsiones que usan modalidades electrónicas.
Este tipo de declaraciones ha sido interpretado como una estrategia para desactivar el malestar colectivo más que como una respuesta política efectiva contra la delincuencia. En ese sentido, el politólogo Alejandro Mejía expresó su preocupación con las medidas ineficientes desde el Gobierno.
“Se trata de un gobierno a la deriva, que asume un rol de sobrevivencia hasta las elecciones del 2026… no se pueden esperar reacciones positivas de una administración que siempre ha respondido a los problemas como la inseguridad o la extorsión de manera reactiva y cortoplacista, en lugar de tener una estrategia de prevención y medidas sostenidas en el tiempo", señaló para este medio.
Asimismo, Mejía contextualiza que la indiferencia oficial no es coyuntural, sino parte de una tendencia más profunda. “Desde 2023 existe una apatía generalizada de la clase política ante situaciones que afectan directamente a la ciudadanía. Esa indiferencia se ha vuelto una marca del actual sistema político", agregó.
La distancia entre el poder y la ciudadanía se traduce, según el politólogo, en una crisis de legitimidad que ya es estructural. Los datos, recordó, son elocuentes: más del 90% de los peruanos desconfía del Congreso y de los partidos políticos, instituciones que deberían canalizar las demandas sociales.
"El hecho de que más del 90 % de ciudadanos desconfíe del Congreso y de los partidos políticos, que deberían ser los interlocutores de las demandas ciudadanas, refleja esa indiferencia sostenida. Esa desconexión viene generando movilizaciones ante la crisis de legitimidad, porque la gente siente que las instituciones ya no la representan", manifestó.

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