
El Poder Judicial, a través del juez Richard Concepción Carhuancho, pidió formalmente a Costa Rica la incautación y devolución de US$6 635 000 más los intereses generados, fondos que se encuentran en cuentas del banco Scotiabank a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A. Según la investigación, ese dinero corresponde a pagos ilícitos realizados por Odebrecht y Camargo Correa para favorecer la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo.
El requerimiento se realizó en el marco de la cooperación internacional por el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el principio de reciprocidad. La medida busca ejecutar la sentencia derivada de un proceso de colaboración eficaz que acreditó el origen ilícito de los fondos.
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Según RPP, Carhuancho señaló que su pedido "ha cumplido con los requisitos legales exigidos por la normatividad procesal para tramitar el 'Exequator' para la repatriación de estos fondos decomisados".
De concretarse el decomiso, el monto sería repatriado al Estado peruano como reparación por los delitos de corrupción y lavado de activos atribuidos al expresidente Toledo, actualmente procesado en el país tras ser extraditado de Estados Unidos en 2023.
El Poder Judicial del Perú ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición del expresidente Alejandro Toledo, con el objetivo de que la Fiscalía pueda continuar las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, relacionados con el caso de la Carretera Interoceánica Sur, Tramo 4.
El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido fiscal para que Toledo sea procesado y juzgado en Perú por estos cargos. Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 24 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.
La decisión judicial será remitida a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía, y se elevará el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema para que proceda según sus atribuciones.
Desde el 8 de agosto de 2024, Toledo cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses en el penal de Barbadillo por este caso. Para sustentar la solicitud de ampliación de la extradición, se presentó un requerimiento fiscal que incluye información detallada de los hechos presuntamente delictivos, una calificación jurídica precisa, la pena privativa de libertad establecida en la ley, elementos de convicción y un mandato de prisión preventiva.

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