Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

El fiscal provincial Daniel Collas Huarachi dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra los exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), a quienes se les atribuye haber manipulado información para negar la solicitud de licenciamiento que presentó la Universidad Alas Peruanas (UAP). La autoridad consideró que sus descargos fueron insuficientes y existirían elementos para proseguir con la indagación de los delitos imputados

El 14 de noviembre de 2022, el Consejo Directivo, basado en el informe del Equipo Técnico de la Dirección de Licenciamiento, por unanimidad rechazó la solicitud de la UAP.

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El 3 de enero de 2023, el mismo Consejo Directivo evaluó el recurso de reconsideración que presentó la universidad, sin embargo, volvió a desestimar el pedido de licenciamiento.

Las autoridades de la UAP presentaron una denuncia penal contra los exdirectivos porque presuntamente manipularon información financiera, por lo que la fiscalía solicitó un peritaje a la Unidad de Criminalística de la Dirincri.

El peritaje determinó que la información proporcionada por la universidad había sido adulterada para que pareciera que no contaba con respaldo económico y, de esta manera, los exdirectivos justifiquen la denegatoria de la solicitud de licenciamiento.

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A continuación, la fiscalía interrogó a los 11 imputados y todos sostuvieron que la UAP no cumplía con las exigencias de la ley y que basaron su decisión en los informes técnicos emitidos por las unidades correspondientes.

Sin embargo, el fiscal Daniel Collas consideró que las respuestas no esclarecieron los hechos y resolvió formalizar la investigación preparatoria y proseguir con las pesquisas

“En el presente caso se ha transitado de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, pues existen elementos de convicción de la comisión del ilícito penal, así como la vinculación de los imputados con los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica”, señala el fiscal Collas en la resolución.

La exdirectora de Licenciamiento, Linda Cossío Labrín, quien se desempeñaba como Directora de Licenciamiento de la Sunedu, es investigada por los presuntos delitos de falsedad genérica y abuso de autoridad. Por el mismo presunto ilícito están comprendidos el excoordinador de la Dirección de Licenciamiento, Renzo Fernández Escobar, y el exjefe de Equipo de la Dirección de Licenciamiento, Víctor López Aquino.

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Los investigados por abuso de autoridad son el expresidente del Consejo Directivo de la Sunedu, Oswaldo Zegarra Rojas, y los ex integrantes del mismo: Víctor Peña Rodríguez, Waldo Mendoza Bellido, Aurelio Ochoa Alencastre, Luis Huicho Oriundo, Jorge Gonzáles Bellido y Benjamín Marticorena Castillo. También la exjefa de Asesoría Legal, Fresia Munarriz Infante.

La mayoría de los investigados respondió ante la fiscalía que los acuerdos de denegatoria fueron unánimes y se fundamentaron en los informes del Equipo Técnico de la Dirección de Licenciamiento.

Empero, citando el peritaje de la Unidad Criminalística, dichos reportes técnicos se elaboraron adulterando los datos presentados por la UAP sobre el flujo operativo y el flujo de inversión, presentando falsamente la contabilidad de la universidad como deficiente.

De acuerdo con el abogado de los 11 ex consejeros y ex directivos de la Sunedu, Francisco Álvarez Dávila, la decisión del fiscal Daniel Collas sería el resultado de “una serie de graves irregularidades procesales que comprometen la objetividad e imparcialidad del Ministerio Público”.

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Cabe recordar que en agosto de 2023, pese a la existencia de un peritaje oficial que concluyó que la información financiera de la UAP había sido manipulada, el fiscal Nilo Paredes Chávez archivó la denuncia concluyendo que los reportes técnicos de la Sunedu estaban acordes con las normas.

Sin embargo, en marzo de este año, el fiscal superior Luis Germaná Matta acogió un reclamo de la universidad y ordenó la formalización de la investigación, lo que efectivamente cumplió el fiscal Daniel Collas.

El abogado de los imputados cuestionó la decisión del fiscal superior, pues en opinión del letrado, este no hizo una evaluación para determinar si efectivamente la Sunedu omitió o manipuló la información que presentó la UAP.

---En esta etapa de la investigación, el Ministerio Público tiene la potestad de solicitar medidas como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los involucrados, así como la incautación documentaria e instar a los órganos públicos que puedan dar información sobre sus bienes. Además, las declaraciones y diligencias establecerán si se amplía la investigación a otros exfuncionarios de Sunedu o incluso a personas ajenas a la institución.