
El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, en una entrevista al canal de YouTube de La Cámara Inmobiliaria Peruana, advirtió que denunciará a los magistrados que no acaten la reciente Ley de Amnistía aprobada por el Congreso. El titular anunció que en los próximos días se reunirá con los procuradores del Estado para iniciar acciones legales contra jueces que, según sus palabras, "no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico".
"Los policías y militares que están siendo juzgados muchos llevan sus procesos 40 años, son persona que se fajaron por el Perú. Al final resulta que los terroristas son a los que no se les respetó el debido proceso y se les tiene que pagar y no reconocer derechos a nuestros héroes policiales, militares. Todo esto empieza con Toledo cuando nombra representantes caviares", señaló.
Asimismo, Santiváñez se alineó con la mandataria Dina Boluarte, quien en varias oportunidades ha arremetido contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ha mostrado su desacuerdo con la solicitud de inaplicar la Ley de Amnistía teniendo como base "la soberanía del país". El ministro de Justicia reiteró que desde el Ejecutivo se viene evaluando la decisión de que Perú se retire de este tratado internacional.
"Para mí el sistema está absolutamente contaminado, desde el punto de vista de las normas sustantivas y de las normas procesales y lo dicho por la señora presidenta de la República y que nosotros compartimos es que el Perú es un país independiente y soberano. Lo que la Corte pueda resolver es absolutamente irrelevante. Ellos no vivieron nuestra guerra", sostuvo.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que preside el juez Leodan Cristóbal Ayala, decidió no aplicar la Ley de Amnistía promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte en el marco del caso de la masacre de Chumbivilcas, en el cual se encuentra procesado Jaime Manuel Pando Navarrete, militar en retiro y otros seis implicados por los delitos de tortura, violación, abuso de autoridad, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
"No es posible interpretar la norma en cuestión a costa de los derechos a la verdad, dignidad, justicia, tutela jurisdiccional efectiva y reparación civil de las víctimas y sus familiares; además, limita las competencias constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como los derechos subjetivos reconocidos a las víctimas. (…) La Ley N.º 32419 (Ley de Amnistía) resulta manifiestamente inconstitucional, por lo que no hay otro remedio constitucional que su inaplicación mediante el mecanismo del control difuso (…)", señala la resolución.

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