
El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular presentó el Proyecto de Ley N.º 11561, que propone incorporar el artículo 402-A al Código Penal, con el fin de sancionar penalmente a quienes interpongan "denuncias falsas" en casos de violencia familiar, lo que incluye violencia contra la mujer e impone penas de tres a seis años de prisión y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Esta iniciativa termina criminalizando a las denunciantes porque parte de la premisa de que, si no hay condena o sentencia favorable, la denuncia es falsa, lo cual desconoce que la mayoría de procesos se archivan por falta de pruebas o deficiencias del sistema judicial, no porque la víctima haya mentido.
"Cuando una mujer va y denuncia a su pareja en una comisaría, le entregan a la denunciante una ficha en la que deben marcar del 1 al 10 cuánto considera que su pareja puede ser un potencial feminicida y como la mujer tiene cólera le pone 10" argumentó durante sesión de la Comisión de la Mujer y Familia desarrollada este lunes 8 de septiembre.
"Se ha venido vulnerando sistemáticamente uno de los principios fundamentales del derecho: la presunción de inocencia (...) el Poder Judicial evaluó más de 800.000 casos de violencia contra las mujeres; sin embargo, apenas emitió 354 sentencias (...) está claro que son más las denuncias que terminan en el archivo, que las que obtienen sentencia, lo que también refuerza nuestra duda", postula la ley.
Además, se buscan establecer responsabilidades penales y civiles a profesionales (abogados, médicos, psicólogos, policías, entre otros) que colaboren en la elaboración de pruebas falsas o adulteradas. La ley también plantea modificar la Ley 30364, que combate la violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, para condicionar la denuncia falsa como agravante penal.
En lo que va del 2025, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron más de 168 000 casos de violencia y realizaron más de 99 000 acciones preventivas, según el Boletín Nacional del Programa Nacional Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ministerio de la Mujer. Estos datos confirman la alta demanda de atención que enfrentan estos servicios.
Cabe resaltar que quien preside la Comisión de Mujer y Familia, en el que se debate el proyecto, es la congresista Milagros Jáuregui. Su trayectoria legislativa incluye iniciativas claramente contrarias a los derechos de las mujeres, como proponer derogar el aborto terapéutico aplicado a una niña de 11 años víctima de violación, reemplazar el delito de feminicidio por "asesinato de pareja" e impulsar leyes para eliminar el enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral.
Ante esto, el Movimiento Manuela expresó su rechazo e instó a recordar las cifras de feminicidio en el país. Además exigió que el Parlamento proponga leyes respaldadas con estadísticas de la violencia contra las mujeres.
"El Proyecto de Ley 11561 amenaza con cárcel a las mujeres que denuncian violencia familiar. Recordamos a los congresistas que las cifras de feminicidios nos indican que muchas denuncias no son atendidas a tiempo y que, en otros casos, las mujeres tienen miedo o desconfianza para denunciar. Exigimos al Congreso legislar desde la evidencia y atender la dramática realidad de la violencia familiar con seriedad y compromiso", escribieron en un post el pasado 19 de junio.

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