
Por tercera semana consecutiva, organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la masacre de Barrios Altos y La Cantuta realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia en rechazo a la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte, que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000.
Asimismo, exigieron que los jueces observen esta medida para evitar su aplicación y que se lleve a cabo una investigación imparcial, así como una sanción ejemplar para los responsables.
Sobre el tema, Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de Luis Enrique Ortiz, una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, indicó que rechazan esta ley porque busca dejar en impunidad los graves casos de violación de los derechos humanos y los asesinatos que ocurrieron en los últimos años a manos de policías y militares.
Señaló que esta medida es parte de un acuerdo político para permitir que Dina Boluarte siga gobernando. Alertó que el peligro es que esta ley se extienda y se aprueben otras similares.
"Tenemos que exigir que haya justicia. Todos queremos vivir en un país en paz, con verdad y justicia. No puede haber democracia si se violan los derechos humanos".
Resaltó que, durante casi 40 años, los familiares han pedido una investigación imparcial y una sanción ejemplar para aquellos elementos responsables de cometer crímenes. "Pedimos a los jueces que observen esta ley y que no la apliquen".
Por su parte, la congresista Indira Huilca, hija de Pedro Huilca Tecse, un importante dirigente sindical asesinado en 1992 por el Grupo Colina, el mismo escuadrón militar responsable de la masacre de La Cantuta, señaló que en este plantón también participan los familiares de Inti y Bryan, asesinados en 2020.
"La idea es visibilizar que no nos vamos a quedar en silencio frente a esta ley de impunidad, que busca liberar a asesinos y violadores que han matado a tantas personas, quienes no son héroes y deben cumplir con sus sentencias y sanciones".
Mencionó que esta medida se ha replicado en otras ciudades como Tacna y que buscan seguir con esta protesta todos los jueves en el Palacio de Justicia. Sostuvo que esta ley ya se promulgó, pero aún no se está aplicando, por lo que confían en que los jueces no la aplicarán.
"Hoy estamos viviendo un gobierno que pisotea los derechos humanos, un gobierno al que no le importa si mueren personas asesinadas por sicarios. Se aprueba esta ley porque Dina Boluarte y sus cómplices creen que, al amnistiar a los criminales del pasado, podrán acogerse a este tipo de privilegios en el futuro", afirmó.

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