
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por Lady Camones, anunció este viernes que las denuncias constitucionales pendientes contra la presidenta Dina Boluarte quedarán congeladas hasta el final de su mandato en el 2026. La decisión se da en acatamiento al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó suspender cualquier proceso contra la mandataria mientras ejerza el cargo.
"Con fecha 19 de agosto, el TC ha publicitado la sentencia en el proceso competencial en el cual ordena suspender las investigaciones en trámite sobre Dina Boluarte (...) en ese sentido, esta presidencia acatando el criterio del TC, independientemente o no de estar de acuerdo con ello, que la tramitación de las denuncias constitucionales en donde la señora presidenta de la República tenga calidad de denunciada se suspendan", señaló Camones en la sesión de este viernes 22 de agosto.
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Entre los casos que quedan en pausa figuran las denuncias por muertes de manifestantes durante las protestas de 2022 y 2023, el presunto abandono del cargo por someterse a cirugías no declaradas, el cuestionado caso Cofre, en el que supuestamente habría ayudado en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otras acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, ninguno de estos procesos podrá avanzar hasta que Boluarte deje la presidencia.
La expresidenta del TC, Marianella Ledesma, mostró su rechazo a la decisión emitida que favorece a la mandataria. "(El fallo) es pro crimen, pro impunidad de corrupción. Si la justicia no interviene de manera oportuna; después, lo que se haga será meramente declarativo porque las evidencias ya no van a ser posibles de tomar", declaró. Además, agregó que Boluarte "va a tener el poder en la escena del crimen", porque se dejará pasar el tiempo con la oportunidad de que pueda influir en las evidencias.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a favor de Dina Boluarte y determinó que el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden investigar a un presidente mientras se mantenga en funciones.
Con este fallo, quedan archivados los procesos que enfrentaba la mandataria por presuntos delitos cometidos durante su gobierno, incluidos los relacionados con las muertes ocurridas en las protestas sociales.
La sentencia, aprobada por mayoría, sostiene que el artículo 117 de la Constitución faculta únicamente al Congreso para tomar acciones penales contra el jefe de Estado. Esta interpretación le otorga a Boluarte un escudo de inmunidad política y penal y sienta un precedente que podría proteger a futuros presidentes en casos similares.

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