Ministro de Justicia minimiza demanda de Fiscalía y defiende ley de amnistía cuestionada por organismos de DD:HH.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, minimizó la demanda que la Fiscalía de la Nación presentará contra la polémica ley de amnistía aprobada por el Congreso, la cual beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.

En declaraciones a RPP, Alcántara aseguró que el recurso "será declarado infundado" por el Tribunal Constitucional (TC) y defendió la legitimidad de la norma. "Lo que va a ocurrir es que el TC, en una evaluación rápida, va a declarar infundada la acción, porque la Constitución, en su artículo 102, establece claramente la facultad que tiene el Congreso para dictar este tipo de leyes", señaló.

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El titular de Justicia agregó que la amnistía busca corregir lo que consideró un trato injusto hacia quienes participaron en la lucha contra el terrorismo. "Lo que se está haciendo es cerrar una brecha de injusticia que todavía persiste en nuestro país", sostuvo.

No obstante, el Ministerio Público calificó la medida como "jurídicamente inviable" y alertó que "vulnera principios constitucionales esenciales". Asimismo, organismos de derechos humanos advierten que la amnistía favorece la impunidad y contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de justicia transicional.

Cabe recordar que en el año 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló la ley de amnistía que había sido promulgada por Alberto Fujimori en 1995, que dejaba libres a militares, policías y civiles acusados, investigados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno.

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Corte IDH ordenó frenar promulgación de ley de amnistía que beneficia a violadores de DD.HH.

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, instó al Estado peruano a suspender de inmediato el trámite de la cuestionada Ley de Amnistía, y advirtió que su aplicación pondría en riesgo el derecho de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a acceder a la justicia. La norma busca exonerar de responsabilidad a militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados por crímenes cometidos durante el conflicto interno.

La CIDH precisó que, si el Gobierno insiste en seguir adelante con la ley, el sistema judicial peruano deberá abstenerse de aplicarla en esos procesos. Además, subrayó que la suspensión debe mantenerse hasta que la Corte evalúe la solicitud de ampliación de medidas provisionales y determine el impacto de la amnistía en estos casos emblemáticos ya sentenciados.