Florentino Pérez embarga 315 millones a Perú por disputa con el Metro de Lima

El empresario español Florentino Pérez, presidente de la empresa ACS, pidió a la Justicia de Luxemburgo el embargo de 315 millones de dólares en activos de la República del Perú. El proceso inició el 14 de febrero, como consecuencia del incumplimiento parcial de un laudo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El conflicto surge por irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de la línea 2 del Metro de Lima.

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Un embargo millonario

La sociedad Metro de Lima Línea 2, conformada por ACS (25%), FCC (18,25%) y otros socios internacionales, emprendió la ejecución forzosa del laudo tras constatar que el Estado peruano había abonado solo 106 millones de los 456 millones de dólares ordenados por el tribunal arbitral.

Del total, únicamente 56 millones se encuentran formalmente suspendidos mientras se evalúan solicitudes de revisión por parte de Perú. El resto, más de 300 millones, constituye la base del embargo en marcha.

Luxemburgo fue el país seleccionado para pedir el embargo de activos, ya que en esa jurisdicción el laudo del CIADI tiene validez como título ejecutivo. Esto posibilita la retención de cuentas bancarias, inversiones y hasta bienes oficiales del Estado. Aunque todavía no se ha precisado cuáles son los bienes que podrían ser afectados, el portal Economía Digital señala que el proceso avanza con discreción, pero con eficacia.

La medida ocurre en paralelo a las dos nuevas demandas que el consorcio ha interpuesto contra el gobierno de Perú ante el mismo tribunal. Estas acciones, aun en proceso, podrían incrementar la presión financiera sobre Perú, que ya enfrenta un escenario legal adverso y de alta exposición mediática.

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Respuesta de Perú

Ante la ofensiva judicial, el gobierno peruano respondió con una solicitud de anulación parcial del laudo arbitral, presentada el 26 de febrero. El recurso se centra en los daños por construcción y en los intereses e imposiciones sobre esos conceptos, denominados 'Daños Bajo Protesto'.

El Estado también solicitó que se detenga por completo la ejecución del laudo mientras se resuelve el proceso de anulación, cuyo fallo podría demorarse hasta fines de 2026. Sin embargo, la comisión ad hoc del CIADI aún no ha emitido una decisión sobre dicha suspensión total, la cual se prevé para el 15 de octubre de este año.

La ofensiva legal de Perú intenta contener el impacto económico y político de un fallo que podría sentar un precedente en futuros litigios internacionales.

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Antecedentes del conflicto

El conflicto entre ACS y el Estado peruano se remonta a enero de 2017, cuando el consorcio Metro de Lima Línea 2 presentó una demanda arbitral ante el CIADI por incumplimientos graves del contrato de concesión, firmado en 2014. El megaproyecto, valorado en 3.900 millones de euros, contemplaba la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en cinco años y una explotación de 30 años con ingresos proyectados de 2.400 millones de euros.

La concesionaria alegó, entre otras razones, que Perú no entregó los terrenos requeridos en los plazos estipulados y que hubo demoras significativas en la aprobación de los estudios de ingeniería de detalle. Paralelamente, el Estado presentó una contrademanda por supuestos daños medioambientales y socioeconómicos, que ascendía a más de 700 millones de dólares.

Tras años de audiencias y revisión de pruebas, un fallo del 21 de marzo del 2024 condenó a Perú al pago de 456 millones de dólares, cifra que se ajustó tras una revisión del tribunal del 30 de octubre del mismo año. La condena incluyó intereses simples calculados por LIBOR +2% hasta que se concrete el pago total. A pesar de ello, Perú ha ejecutado solo una fracción del monto, lo que detonó el embargo en Luxemburgo.